Atacar a la justicia no protege a los pensionados

Hay temas que un presidente debería manejar con absoluta prudencia, y uno de ellos es el sistema pensional.

No solo porque involucra billones de pesos públicos, sino porque detrás de cada discusión hay millones de colombianos angustiados por su vejez, por sus ahorros y por la incertidumbre sobre el futuro.

Por eso resulta tan preocupante que el Gobierno haya decidido convertir las pensiones en una batalla política e ideológica contra las cortes.

El choque entre Gustavo Petro y el Consejo de Estado deja una señal inquietante para el país. No basta con cuestionar un fallo judicial.

Ahora también se señala públicamente a magistrados y se promueven denuncias penales contra quienes toman decisiones contrarias al Ejecutivo. Esa es una línea extremadamente delicada para cualquier democracia.

La separación de poderes existe precisamente para evitar que un gobierno actúe sin controles. Los jueces están para revisar las decisiones del poder, incluso cuando eso incomoda al presidente de turno.

Pero el mensaje que se está transmitiendo desde la Casa de Nariño parece ser otro.

Cada vez que una corte pone límites, inmediatamente se intenta presentar a los magistrados como enemigos del pueblo o defensores de intereses particulares.

Ese discurso no solo deteriora la confianza institucional, también alimenta la polarización y genera incertidumbre en un tema demasiado sensible para jugar políticamente con él.

Porque las pensiones no pueden manejarse desde el discurso emocional ni desde la confrontación permanente. Necesitan estabilidad, seguridad jurídica y confianza en las instituciones.

Cuando millones de colombianos escuchan hablar de bloqueos judiciales, traslados de recursos y enfrentamientos entre poderes, sienten miedo.

Temen por sus ahorros, por su retiro y por el futuro de sus familias. Y un jefe de Estado debería contribuir a dar tranquilidad, no a profundizar la incertidumbre.

Las pensiones representan una de las mayores preocupaciones sociales del país. Hay trabajadores que cotizaron durante décadas sin garantías claras, adultos mayores sobreviviendo con enormes dificultades y familias enteras dependiendo de un sistema que exige responsabilidad y seriedad.

Precisamente por eso el debate pensional debería darse con argumentos técnicos y respeto institucional, no señalando jueces ni convirtiendo las decisiones judiciales en una confrontación política.

Las democracias empiezan a debilitarse cuando los gobernantes dejan de aceptar controles y convierten cualquier límite institucional en una supuesta agresión contra el pueblo.

Colombia necesita instituciones fuertes, equilibrio de poderes y serenidad en los temas que afectan directamente la tranquilidad de millones de ciudadanos.

Porque jugar políticamente con las pensiones y atacar a la justicia al mismo tiempo es una combinación demasiado peligrosa para la estabilidad del país.

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