Cali, una ciudad con hambre

Edison Giraldo

Cali necesita reducir, o en el mejor de los casos, acabar con el hambre. Más de 820 mil caleños en las comunas del oriente y nororiente de la ciudad consumen menos de tres comidas diarias, y al menos 11 mil niños enfrentan desnutrición crónica.

En comunas como la 11, 12 y 16, el 23% de la población no tiene con qué comer, pero los comedores ubicados allí solo representan el 8%.

En una ciudad con más de dos millones de habitantes, que estas cifras representen más de un tercio de la población es simplemente inaceptable.

El hambre no es un problema invisible. Está en las calles, en las casas, en los colegios y en las miles de familias que sobreviven con lo mínimo.

Esta realidad exige acciones, decisiones estructurales, visión política y compromiso humano. Algo que esta Administración ha demostrado, en comparación con años anteriores.

En la actualidad, esta crisis está siendo atendida en gran parte por mujeres gestoras comunitarias, quienes realizan una labor titánica, y que están a cargo de los 761 comedores existentes en la ciudad.

Sin embargo, sus esfuerzos sumados a los de la Administración, no alcanzan a ser suficientes.

Esta Administración se ha puesto como meta a 2027 aumentar a 1.000 el número de comedores comunitarios, y pasar de 62.136 a 80.000 raciones servidas.

Además, se han corregido situaciones de años anteriores para asegurar la continuidad del programa durante los 12 meses del año. Mientras en 2020 se inició en mayo, en 2021 en marzo y en 2022 en abril, hoy el programa funciona de manera estable.

Este ajuste permitirá, durante este año, alimentar a al menos 102.000 ciudadanos entre comedores privados y regulares, es decir, 64% más de la meta alcanzada en 2024.

Ese es el camino que debe recorrer Cali; sin embargo, debe ir acompañado de otros ajustes. Por ejemplo, lograr que la oferta del programa se preste durante los 7 días de la semana en todos los comedores.

Hoy la mayoría prestan sus servicios solo durante cinco días, pero el hambre no da espera. Son alrededor de 62 mil personas las que se quedan sin alimentos durante sábado y domingo, sin contar los días festivos.

Otro de los aspectos urgentes a resolver tiene que ver con el cobro de los servicios públicos que se realiza a los comedores.

Muchos de estos funcionan dentro de las viviendas de las gestoras, clasificadas como de uso residencial, pero en varios casos se les ha aplicado tarifas comerciales, con aumentos desproporcionados que podrían llevarlas a cerrar sus espacios.

Esa función social que cumplen debería estar respaldada por estrategias públicas que impidan esa alza en el cobro de esta actividad comunitaria.

También es necesario reconocer que estas gestoras cumplen funciones mucho más amplias que las de alimentar.

Varias me han expresado que muchas veces actúan como apoyo psicológico, reciben a personas maltratadas, adultos mayores en soledad o ciudadanos que simplemente buscan compañía.

Se vuelven referentes barriales, lideresas, cuidadoras. Por eso es fundamental pensar en capacitarlas y gestionar una articulación con el Dagma para formarlas en la creación, manipulación y conservación de huertas comunitarias, que puedan ser un soporte económico y un motor de autonomía.

La política de seguridad alimentaria en Cali necesita seguir robusteciéndose. No se trata solo de asegurar platos de comida. Estos espacios son desactivadores de violencia, redes de apoyo y puntos de encuentro comunitario.

Las gestoras comunitarias son hoy una primera línea silenciosa frente a esta crisis. Necesitan más herramientas, más respaldo, más presencia del Estado.

Esa es la urgencia. Ese debe ser el compromiso.