Colombia, rehén del terror

Colombia vuelve a enfrentarse a una verdad incómoda que Hannah Arendt resumió con precisión cuando advirtió que “la violencia aparece donde el poder está en peligro”.

Eso es exactamente lo que estamos viendo con el paro armado del ELN, la clara evidencia de que, cuando la autoridad duda y el Estado se repliega, la violencia avanza sin pedir permiso y se impone sobre la vida de los ciudadanos.

Durante varios días, regiones enteras del país han sido sometidas al miedo. Atentados con explosivos, quema de buses y vehículos de carga, hostigamientos armados contra la Fuerza Pública, asesinatos y amenazas directas a la población civil han marcado la jornada.

Carreteras vacías, pueblos en silencio, comercios cerrados por temor y comunidades confinadas, no por una decisión propia, sino por la imposición de un grupo armado ilegal que decide quién se mueve y quién no.

Hoy escribo como ciudadano, con la preocupación de quien ve repetirse una historia que Colombia ya ha vivido demasiadas veces.

Porque cada paro armado tiene consecuencias humanas que rara vez se dimensionan en su totalidad.

El campesino que pierde su cosecha porque no puede transportarla. El conductor que duda si salir a trabajar y no regresar.

El comerciante que baja la persiana no por falta de clientes, sino por miedo. Familias enteras obligadas a alterar su vida cotidiana por una amenaza que no eligieron.

El ELN no está expresando una inconformidad social ni ejerciendo un derecho político. Está utilizando el terror como mecanismo de presión y control territorial. Castiga a la población civil para enviar un mensaje de poder.

Eso no es política ni protesta: es terrorismo. Y llamarlo por su nombre no es radicalismo, es responsabilidad.

Mi dolor como colombiano no proviene solo de la violencia en sí, sino de la sensación de normalización. De ver cómo el país parece resignarse a convivir con el miedo, como si fuera un costo inevitable.

Esa resignación es peligrosa, porque cuando el terror se vuelve paisaje, la democracia empieza a erosionarse.

También preocupa la respuesta del Estado. Frente a atentados, asesinatos, bloqueos y amenazas masivas, Colombia necesita liderazgo claro y autoridad firme.

La seguridad no es un asunto ideológico ni una consigna política: es la base sobre la cual se construyen todos los derechos. Sin seguridad, la libertad es una promesa vacía.

Hablar de paz no puede significar tolerar la violencia ni ceder ante el chantaje armado. La paz verdadera no se edifica ignorando a las víctimas ni debilitando a las instituciones.

Se construye garantizando que la ley se cumpla y que la vida de los ciudadanos esté por encima de cualquier cálculo político.

Este paro armado deja una advertencia clara: cuando el Estado no ejerce plenamente su poder legítimo, el miedo ocupa su lugar. Y cuando el miedo gobierna, quienes pierden son los ciudadanos honestos.

Como colombiano, levanto la voz con convicción. No por revancha ni por retórica, sino por responsabilidad. Colombia no puede seguir aceptando que grupos armados ilegales decidan cómo se vive.

El país necesita recuperar autoridad, proteger a su gente y dejar claro que la violencia no puede volver a ocupar el lugar del Estado.

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