El costo del trámite: La tecnología como la verdadera alianza entre el Estado y el ciudadano

El objetivo supremo del Estado, a través de sus gobiernos, es tan simple como ambicioso: mejorar la calidad de vida de las personas.

Sin embargo, al hacer un balance honesto sobre si el sector público ha aprovechado históricamente las herramientas a su alcance para lograrlo, la respuesta es contundente: no.

La brecha se evidencia en la cotidianidad.

Pensemos en la experiencia de un usuario con el sector financiero o tributario: para declarar renta, los soportes bancarios, la información exógena y los formularios están centralizados en plataformas digitales, permitiendo cumplir con la obligación e incluso pagar a un solo clic.

La interacción es fluida porque el proceso está diseñado en torno a la eficiencia.

Pero, ¿qué ocurre cuando ese mismo ciudadano necesita relacionarse con el Estado? El escenario cambia drásticamente.

Certificados laborales que tardan días en expedirse, multiplicidad de plataformas dispersas para consultar requisitos mínimos, ausencia de información en tiempo real sobre proyectos o programas sociales y, al final del día, muchas horas de nuestra vida perdidas en filas virtuales o presenciales.

La diferencia de fondo radica en la automatización de procesos y la analítica de datos.

Mientras que el sector privado adoptó este chip desde hace más de dos décadas y hoy avanza a pasos agigantados integrando inteligencia artificial operativa en su gestión diaria, el sector público apenas empieza a asumir esta realidad.

Pasos hacia esa dirección, como la transición proyectada hacia el SECOP III para unificar la contratación estatal y acceder a documentos en tiempo real, demuestran que la tecnología sí puede derribar los feudos de información independientes que hoy fragmentan la gestión.

Para que la relación entre el Estado y la ciudadanía funcione, e instituciones y habitantes se reconozcan como aliados, es imprescindible transitar hacia el uso eficiente e integral de las herramientas digitales.

La resistencia al cambio desde la institucionalidad no es una postura neutral: genera costos nefastos para la competitividad, frena el progreso regional y desgasta la confianza pública.

Las nuevas tecnologías no pueden seguir siendo apreciadas desde una perspectiva equivocada, como un adorno presupuestal o un asunto exclusivo de las áreas de TI.

Deben situarse en el centro estratégico de la toma de decisiones públicas para convertirse en la verdadera punta de lanza del desarrollo: un Estado ágil, transparente e interconectado que le devuelva el tiempo a su gente.

@LizaRodriguez18

Comments