El hambre escolar, el fracaso ético de la Nación

Wilson Ruiz

Hay cosas que duelen más cuando se callan; el sonido del estómago vacío de un niño es una de ellas.

Hoy, en pleno año escolar, ese vacío amenaza con convertirse en silencio. Más de 3,5 millones de niñas, niños y adolescentes podrían quedarse sin alimentación escolar si no se asignan con urgencia los 500.000 millones de pesos que faltan para garantizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 53 de las 97 entidades territoriales.

El drama no está en las cifras frías, sino en las aulas que se quedan sin comedor, en las familias que temen que la única comida del día de sus hijos desaparezca, en las regiones como La Guajira, Chocó o Buenaventura, donde la escuela muchas veces es sinónimo de sustento.

Allí, donde ya se sufre la pobreza, la sequía o el abandono estatal, ahora también se cierne la amenaza del hambre.

La Contraloría ha encendido la luz roja, el PAE, vital para que millones de niños accedan a al menos una comida diaria, está en riesgo si no se actúa ya.

Y aunque el Gobierno ha duplicado la inversión nacional del programa de 1,26 a 2,14 billones entre 2022 y 2025, un 68 % más eso no alcanza.

Muchas entidades territoriales no han hecho su parte, y las acusaciones de corrupción en la contratación terminan condenando a los más débiles.

Aquí se revela la raíz del problema, el clientelismo. El PAE, en teoría una política pública diseñada para garantizar el derecho fundamental a la alimentación, terminó convertido en botín político y burocrático.

En varias regiones, los contratos se asignan no por mérito o capacidad, sino como pago de favores electorales.

Empresas de papel, sin experiencia y con padrinos políticos, se llenan los bolsillos mientras los niños reciben raciones incompletas, de mala calidad o, sencillamente, nada.

En los territorios más pobres, donde los niños necesitan más apoyo, es donde el programa más tambalea.

Esa desigualdad no es casualidad, es el resultado de un Estado que centraliza en el discurso, pero abandona en la práctica; que promete cambio, pero gobierna con las mismas prácticas podridas de siempre.

Los que pagan el precio de esta desidia son quienes ya lo han perdido casi todo. La FAO y el DANE advertían que a cierre de 2024 más del 25 % de los hogares colombianos vivía en inseguridad alimentaria; en La Guajira esa cifra llegaba a uno de cada dos hogares.

Y ahora, con el PAE en riesgo, ese panorama amenaza con volverse aún más cruel.

Este no es un debate de cifras, sino de dignidad. El hambre infantil es una herida moral que ningún gobierno puede justificar. No hablamos de un puente, una carretera o una licitación

más, hablamos del plato de comida que decide si un niño aprende o abandona la escuela, si tiene fuerzas para soñar o se resigna a sobrevivir.

Lo indignante es que este drama tiene responsables. Y no basta con señalar alcaldes o gobernadores.

El gobierno de Gustavo Petro tiene en sus manos la obligación de poner fin a esta cadena de clientelismo y corrupción que está dejando a millones de niños sin alimento.

No puede seguir lavándose las manos mientras el hambre avanza.

Porque cada ración perdida, cada contrato amañado, cada peso que se roba un político local es un crimen silencioso contra los más vulnerables.

Y aquí no caben excusas, si el Estado es incapaz de garantizar un plato de comida en la escuela, entonces ha renunciado a su deber más básico.

Colombia no puede acostumbrarse a que el clientelismo se coma el futuro de nuestros hijos. La indignación debe convertirse en acción, exigir cuentas, cortar de raíz el festín de la corrupción y salvar de inmediato el PAE.

De lo contrario, lo que está en juego no es un programa social más, sino la dignidad de un país entero.