La autonomía universitaria no puede ser el escudo de la violencia

He recorrido los pasillos de universidades pública durante años como docente y conozco bien lo que significa un campus cuando funciona como debe funcionar.

Es el lugar donde un joven descubre que puede llegar a ser abogado, médico o ingeniero sin que el apellido o el estrato decidan por él, el espacio donde se forma el pensamiento crítico del país y donde se aprende a disentir con argumentos y no a golpes.

Por eso me duele, como jurista y como maestro, ver esos mismos pasillos convertidos en escenario de encapuchados que queman buses, destruyen laboratorios y atacan a policías.

Frente a las universidades conviene hablar con claridad, pues una cosa es protestar y otra, muy distinta, es permitir que grupos violentos utilicen los campus para generar caos y perturbar el orden público.

Pues apenas en mayo los disturbios frente a la Universidad Pedagógica Nacional obligaron a cerrar siete estaciones de TransMilenio y dejaron a más de noventa y dos mil usuarios sin servicio, la inmensa mayoría de ellos ciudadanos que no tenían nada que ver con la protesta y que simplemente buscaban llegar a su trabajo o a su casa.

Siempre defenderé el derecho de los estudiantes a marchar y a expresar su desacuerdo, porque esa es una conquista democrática que nadie debería tocar, pero ese derecho tiene que ejercerse sin destruir infraestructura, sin atacar a la Fuerza Pública y sin impedir que otros compañeros puedan seguir estudiando.

Por eso respaldo la decisión del presidente Abelardo de establecer un protocolo nacional para que la Policía pueda actuar cuando se presenten hechos de vandalismo o violencia dentro de los campus.

La autonomía universitaria se respeta, pero no puede convertirse en un escudo para la violencia.

Las universidades son para estudiar y para debatir, no para delinquir, y confundir esas dos cosas termina perjudicando la causa que dicen defender quienes destruyen todo a su paso.

La Constitución le dio a las universidades el derecho a manejar sus propios estatutos, a elegir a sus directivas y a definir cómo enseñan y cómo se organizan, sin que ningún gobierno les imponga una línea ideológica, y esa autonomía viene de lejos, de una tradición que nació hace más de un siglo cuando los estudiantes latinoamericanos pelearon para que sus universidades no fueran un patio trasero del poder de turno.

Hoy el Sistema Universitario Estatal agrupa a treinta y dos universidades públicas, creadas al amparo de la Ley 30 de 1992, un entramado institucional que demuestra que la autonomía puede convivir, desde hace más de tres décadas, con reglas claras y con el respeto al orden público.

Nadie sensato pretende acabar con esa conquista.

Pero la propia Corte Constitucional lo ha dicho desde hace años, esa autonomía tiene un límite, y ese límite es el orden público y el bienestar de todos.

No es un capricho del gobierno actual, es algo que ya estaba escrito en la jurisprudencia mucho antes de esta administración.

La ley que regula la educación superior le da a las universidades facultades para lo académico, lo administrativo y lo financiero, pero en ninguna parte establece que un campus se convierta en una isla donde no aplican las normas de convivencia ni la ley penal.

Quien prende fuego a un bus dentro de una universidad no está ejerciendo autonomía, está cometiendo un delito, y ese delito no desaparece porque haya ocurrido detrás de una reja con el nombre de una institución educativa.

Basta recordar lo sucedido el pasado 29 de julio en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional en Bogotá, donde tres estudiantes fueron atacados con armas blancas por encapuchados dentro del propio campus, uno de ellos en estado delicado de salud, para entender que ya no hablamos solamente de un choque ideológico sino de violencia criminal instalada en las aulas.

Entiendo, y respeto, a quienes temen que el ingreso de la Policía a los campus termine en excesos, porque este país ha vivido episodios dolorosos de intervenciones que salieron mal y dejaron heridos a estudiantes que no tenían nada que ver con la violencia.

Esa preocupación es legítima y por eso el protocolo debe construirse con controles claros, con coordinación con los rectores siempre que sea posible, y con la garantía de que cualquiera que se sienta afectado pueda reclamar después ante un juez.

La Fuerza Pública también tiene la obligación de actuar con proporcionalidad y con cabeza fría, porque el objetivo nunca puede ser reprimir la protesta legítima, sino frenar a quienes la utilizan como pantalla para hacer vandalismo.

Pero de ahí a sostener que un campus debe ser zona vedada para la ley hay una distancia enorme, y esa distancia es la que separa el derecho de la anarquía.

Como profesor he visto a estudiantes brillantes quedarse sin clases durante semanas porque un grupo minoritario decidió tomarse la universidad a la fuerza, incendiar la cafetería o bloquear las puertas de entrada.

Esos estudiantes también tienen un derecho, el derecho a la educación, y ese derecho se vulnera cada vez que alguien confunde protesta con terrorismo urbano.

Los jóvenes que llegan a una universidad pública merecen recibir sus clases completas y una formación integral, no una carrera interrumpida a medias por el miedo o por la fuerza, y sin embargo el pénsum académico termina incumplido semestre tras semestre porque las aulas se convierten en campo de batalla.

No se puede hablar en serio de defender la universidad pública mientras miles de jóvenes pierden semestres enteros, o reciben una educación a medias, porque unos pocos decidieron que el campus les pertenece solo a ellos y a quienes se amparan bajo el anonimato de una capucha.

Por eso, como jurista y como maestro, respaldo el protocolo anunciado por el presidente Abelardo, siempre que se construya con las garantías que corresponden a un Estado de derecho.

La autonomía universitaria es sagrada para lo académico, para lo administrativo, para el pensamiento libre que debe circular sin censura dentro de un campus, pero no es, ni puede ser jamás, un pasaporte para que el vandalismo quede impune.

Las universidades son y deben seguir siendo el lugar donde Colombia se piensa a sí misma, no donde se le prende fuego a su futuro.

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