Juliana Guerrero: Un fraude que no debe olvidarse

El caso de Juliana Guerrero terminó demostrando que aquello que durante meses se intentó presentar como persecución tenía un fundamento real: hubo un delito y ella misma lo reconoció ante la justicia.

Guerrero fue condenada a tres años por fraude procesal, con pena excarcelable, después de admitir que presentó documentos académicos falsos para aspirar al Viceministerio de Juventudes durante el gobierno de Gustavo Petro.

También recibió una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos.

Y allí aparece una discusión que Colombia debería dar.

Resulta demasiado corta una inhabilidad temporal para alguien que utilizó documentos falsos precisamente con el propósito de acreditar requisitos para llegar a un alto cargo del Estado.

Si una persona está dispuesta a cometer un fraude para ingresar al servicio público, existen razones suficientes para discutir si debería quedar inhabilitada permanentemente para volver a ocuparlo.

Naturalmente, eso requiere una reforma legal, pero el debate debe plantearse.

El caso también deja una lección sobre los antivalores que rodearon varios episodios del gobierno Petro.

Cuando surgieron cuestionamientos sobre Guerrero, el entonces presidente salió reiteradamente en su defensa y atribuyó parte de las críticas a ataques por su condición social, edad, raza y género, y hasta la nombró como su representante en el consejo directivo de la Universidad del Cesar, en lo que se constituyó en un insulto al mérito y a la formación académica.

Finalmente, la propia Guerrero, que también está envuelta en otros escándalos, admitió el delito.

Colombia no puede normalizar que alguien falsifique sus credenciales para llegar al Estado, cumpla una sanción relativamente breve y después reaparezca como si nada hubiera ocurrido.

La sanción penal termina, pero la memoria de la sociedad no tiene por qué hacerlo.

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