La vida de la gente en juego

Colombia vive una tensión profunda en su sistema de salud y, mientras el debate se llena de consignas y posiciones ideológicas, en los hospitales la preocupación es concreta: cirugías aplazadas, tratamientos interrumpidos, escasez de medicamentos y centros asistenciales que no saben si podrán sostener su operación en los próximos meses.

El Valle del Cauca es apenas un reflejo de esa realidad nacional: las deudas acumuladas de las EPS —la mayoría de ellas bajo intervención del Gobierno nacional— superan los 6 billones de pesos con clínicas y hospitales.

Desde el Congreso advertimos los riesgos de una transición sin planeación financiera sólida. Señalamos la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) frente al aumento de costos y a una población con mayores necesidades de atención. No era una postura partidista; era un análisis técnico que hoy cobra vigencia.

Cuando los giros son tardíos o incompletos, no se afecta únicamente un balance contable.

Se impacta la vida de un paciente oncológico, de un niño con una enfermedad de alto costo, de un adulto mayor que espera un procedimiento cardiovascular. La salud no puede administrarse desde la improvisación ni convertirse en un escenario de disputa política.

Es cierto que el sistema requiere ajustes estructurales. Ningún modelo es perfecto ni está exento de fallas. Pero reformar no puede significar debilitar sin tener lista una alternativa viable y financiada.

Las transformaciones profundas exigen responsabilidad fiscal, claridad en las reglas y garantías para la continuidad del servicio.

En este contexto, el Congreso cumple un papel fundamental. Ejercer control político no es obstaculizar; es cumplir con el mandato constitucional de vigilar y corregir cuando sea necesario. La democracia se fortalece cuando existe equilibrio de poderes y cuando las reformas se examinan con rigor técnico.

Lo que sucede en el Valle del Cauca es una advertencia, pero no un caso aislado. Es el reflejo de una presión que se siente en múltiples territorios del país.

Si no se toman decisiones responsables y oportunas, el deterioro será más profundo y más difícil de revertir. No se trata de bandos ni de discursos.

Se trata de la estabilidad de un sistema que protege la vida de millones de colombianos. Y en ese propósito no debería haber diferencias: la salud no admite improvisaciones, ni demoras, ni cálculos políticos. Exige responsabilidad, equilibrio y compromiso real con la gente.

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