Se cayó la máscara

Durante años, Gustavo Petro construyó una narrativa tan poderosa como seductora: la de un gobierno moralmente superior, dispuesto a desmontar los privilegios de una élite que, según su discurso, había gobernado a Colombia durante décadas sin entender al ciudadano.

El progresismo prometía una nueva ética pública, austeridad, transparencia y un Estado al servicio de los menos favorecidos.

Millones de colombianos creyeron en esa promesa. Incluso quienes no compartían sus ideas reconocían que muchos de sus seguidores actuaban con una convicción sincera: pensaban que, al fin, llegaba un gobierno dispuesto a poner al pueblo por encima de los intereses particulares.

Hoy, cuando este ciclo político llega a su ocaso, la pregunta es inevitable: ¿qué quedó de aquella superioridad moral?

La máscara terminó por caer.

Quienes desde el primer día advertimos sobre los riesgos de un proyecto sustentado más en el resentimiento que en la capacidad de gobernar fuimos señalados como enemigos del cambio.

Nos dijeron que exagerábamos cuando advertíamos sobre la improvisación, el sectarismo, el debilitamiento institucional y la utilización permanente del enfrentamiento como herramienta política.

Sin embargo, la realidad terminó siendo más contundente que cualquier discurso de oposición.

El país presenció una sucesión de escándalos que golpearon la credibilidad del Gobierno: investigaciones sobre personas del círculo más cercano al poder, controversias alrededor de nombramientos, cuestionamientos por el manejo de recursos públicos, tensiones internas permanentes, crisis ministeriales y una administración incapaz de ofrecer estabilidad mientras Colombia enfrentaba enormes desafíos en materia de seguridad, crecimiento económico y confianza inversionista.

La indignación no nació porque el gobierno fuera de izquierda.

Nació porque quienes prometieron ser distintos terminaron pareciéndose demasiado, e incluso superando a aquello que juraron combatir.

El progresismo convirtió la superioridad moral en su principal activo político. No pedía simplemente que votaran por sus propuestas; exigía un acto de fe. Dividió al país entre “los buenos” y “los malos”, entre quienes estaban del lado del pueblo y quienes, supuestamente, defendían privilegios.

Pero gobernar terminó siendo mucho más difícil que hacer oposición.

Mientras millones de colombianos enfrentaban el aumento del costo de vida, la incertidumbre económica y el deterioro de la seguridad en numerosas regiones, el debate público se concentraba una y otra vez en nuevas polémicas alrededor del Gobierno, de su entorno político y familiar, alimentando la percepción de una administración desconectada de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos.

Aquella consigna de “vivir sabroso”, presentada como una aspiración legítima para los colombianos históricamente excluidos, terminó siendo utilizada por muchos ciudadanos como una amarga ironía.

La sensación que quedó en amplios sectores del país fue que el bienestar no llegó para las mayorías, sino que el poder terminó beneficiando principalmente al círculo político más cercano al Gobierno.

Ese es, quizá, el mayor fracaso del proyecto progresista colombiano.

No solamente porque muchas de sus reformas quedaron inconclusas o enfrentaron enormes obstáculos institucionales. Tampoco únicamente por las cifras económicas o los indicadores de seguridad que serán objeto de debate entre expertos durante años.

Su mayor derrota fue ética.

Cuando un movimiento construye toda su legitimidad sobre la idea de que representa una reserva moral frente a los demás, pierde mucho más cuando decepciona que cualquier otro gobierno.

Porque ya no basta con decir que “todos lo hacen”. Precisamente habían prometido demostrar que era posible gobernar de otra manera.

Esto no ocurrió.

Al final, la historia suele ser implacable con quienes convierten la moral en bandera electoral y después no logran estar a la altura de sus propias exigencias.

Colombia necesita recuperar una idea sencilla, pero fundamental: ningún gobernante debe ser elegido porque se considere moralmente superior.

Debe ser elegido por su capacidad de administrar bien el Estado, respetar las instituciones, generar oportunidades, proteger la seguridad y responder con resultados.

La política no necesita mesías. Necesita servidores públicos.

Quizá la mayor enseñanza que deja este periodo es que ningún discurso puede reemplazar una buena gestión. Las palabras emocionan; los resultados convencen.

Y cuando las promesas chocan durante cuatro años contra la realidad, las máscaras terminan cayendo por su propio peso.

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