Subir salarios es necesario; sostener el empleo es urgente

Cada vez que Colombia anuncia un aumento del salario mínimo, el país se divide entre quienes lo celebran como una conquista social y quienes lo ven como una amenaza al empleo.

Esa polarización nos hace perder la discusión de fondo. El salario debe subir, sí, porque el costo de vida está alto y millones de hogares no pueden seguir absorbiendo la inflación con ingresos congelados.

El problema no es el aumento en sí. El problema es todo lo demás que no estamos discutiendo.

En Colombia, el salario mínimo no es solo un ingreso: es la base de una estructura de costos laborales que pesa, sobre todo, en el pequeño empleador.

Cuando sube el salario, suben también cotizaciones, prestaciones y otros costos asociados. Para una gran empresa, ese impacto puede diluirse; para una micro o pequeña empresa, que paga nómina con el flujo diario de caja, el efecto es inmediato.

Y aquí está el punto clave: las micro y pequeñas empresas son las que más empleo generan en el país.

Son las tiendas de barrio, talleres, restaurantes, servicios personales y comercio local. Operan con menores márgenes y poco acceso al crédito.

Cuando el costo laboral total sube sin acompañamiento, muchas no despiden de forma masiva, pero sí hacen algo más silencioso: dejan de contratar, reducen horas o empujan el empleo hacia la informalidad.

Por eso el riesgo real no es que el salario suba, sino que el aumento no venga acompañado de una política integral de empleo.

El resultado puede ser previsible: más informalidad, menos afiliación a seguridad social y más jóvenes por fuera del mercado laboral formal, justo en un país donde el desempleo juvenil ya es crítico.

Un salario mínimo más alto no sirve si el joven no logra entrar al sistema productivo.

El mercado laboral no se regula solo por decreto. Se regula con productividad, incentivos y gradualidad.

No podemos seguir discutiendo ingresos sin discutir cómo aumentamos la productividad, cómo reducimos los costos no salariales para pequeños empleadores, cómo formalizamos sin asfixiar y cómo conectamos educación con empleo real.

Esto no es retroceder en derechos. Es ser responsables. Significa pensar en esquemas diferenciados para microempresas, alivios temporales en cargas no salariales, incentivos a la contratación formal de jóvenes y mujeres, y una política seria de apoyo a la productividad: tecnología, capacitación, crédito y simplificación normativa.

El salario mínimo debe seguir siendo una herramienta de dignidad. Pero la dignidad también está en tener empleo, en cotizar y en progresar.

Como país, ya es hora de dar el siguiente paso: salarios más altos, sí, pero con empleo sostenible, productividad y formalidad. Esa es la discusión que no podemos seguir aplazando.

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