Un departamento que llora y sangra

A meses de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, el Valle del Cauca sigue esperando propuestas serias que lo saquen del letargo institucional en el que ha estado sumido desde hace décadas pero que se potenció aún más con el estallido social de 2021.

Lo que comenzó como una protesta legítima por la desigualdad y el abandono estatal terminó revelando una fractura profunda entre la ciudadanía y el Estado, una herida que aún no ha sanado.

Hoy, esa fractura se traduce en una crisis de seguridad que golpea con fuerza a Cali, Jamundí, Buenaventura, Tuluá y otras zonas del departamento.

En lo que va de 2025, más de 3.360 jóvenes entre los 14 y los 28 años han sido asesinados en Colombia, y el 78 % de esos homicidios ocurrieron en el Valle del Cauca, según cifras del propio Ministerio de Defensa, de estos el sicariato representa el 61 % de estas muertes, seguido por riñas y disputas territoriales.

A su vez el panorama es aún más desalentador en municipios como Riofrío, Trujillo y Bolívar, donde la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas por el riesgo inminente de violencia, desplazamientos y reclutamiento forzado.

La respuesta institucional ha sido reforzar la presencia militar y policial, pero ¿dónde está la inversión social que prometieron tras el estallido?

Aunque, según el DANE, el Valle ha logrado avances en la reducción de la pobreza multidimensional —pasando del 15,7 % en 2015 al 6,2 % en 2024, por debajo del promedio nacional de 11,5 %—, estos logros no han sido suficientes para frenar la violencia ni para cerrar las brechas estructurales que alimentan el conflicto.

El desempleo juvenil sigue siendo alarmante, y aunque la tasa de desocupación nacional se ubicó en 8,8 % en julio de 2025, en el departamento los niveles de informalidad son altos y falta de oportunidades para los jóvenes siguen siendo caldo de cultivo para el reclutamiento por economías ilegales.

Pero lo más sorprendente y preocupante es que, a esta altura del calendario electoral, ningún candidato presidencial ha presentado una propuesta integral para el Valle.

Se habla de paz total, de transición energética, de reindustrialización, pero ¿Dónde están los planes para el Valle, para el Pacífico y para los municipios que aún viven constantemente en zozobra y miedo?

Desde esta columna, exigimos a los aspirantes a la Presidencia que dejen de mirar al Valle del Cauca como un simple botín electoral. Este departamento no necesita más visitas fugaces ni promesas recicladas.

Necesita propuestas concretas, con cifras, metas y cronogramas verificables. Necesita que se hable de educación con enfoque territorial, de empleo digno para los jóvenes, de salud pública sin discriminación, de infraestructura que conecte y no excluya, de cultura como herramienta de reconciliación y de crear las condiciones necesarias para la atracción de inversión real en el territorio.

Debemos tener claro que recuperar el orden no es solo desplegar soldados: aquí lo que hay que hacer es reconstruir el tejido social que ha venido resquebrajado desde hace décadas, y que en 2021 estalló mostrando esa cruda realidad, una realidad que hoy cuatro años después sigue sangrando y sin solución a la vista.

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