Cali, agosto 16 de 2025. Actualizado: viernes, agosto 15, 2025 23:19
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Colombia y Estados Unidos: una relación asimétrica
Por: Rosa María Agudelo – Directora Diario Occidente
En abril de 2025, una amenaza arancelaria de Washington volvió a poner en tensión la relación entre Colombia y Estados Unidos. No es un episodio aislado.
Llevo más de tres décadas observando de cerca este vínculo, marcado por alianzas, choques y una constante asimetría.
Comercio, lucha antidrogas, migración y cooperación internacional han sido ejes constantes de una alianza compleja.
Aquí repaso los principales hitos de esa relación, sus impactos y los desafíos que siguen vigentes.
Apertura económica y tratados: entre la liberalización y la dependencia
Durante el Gobierno de César Gaviria, la gran discusión en el país giraba en torno a si la industria nacional estaba preparada para enfrentar la apertura económica. La medida implicaba reducir aranceles, recibir más inversión extranjera y competir en condiciones
El debate fue intenso entre los que veían una oportunidad de modernización y los que advertían riesgos para sectores vulnerables.
Con el paso de los años, algunas advertencias se confirmaron: las industrias del calzado y las confecciones no lograron sostenerse frente a la competencia externa, lo que derivó en el cierre de numerosas pequeñas empresas y la pérdida de empleos. nuevas para muchos sectores.
Antes de la apertura económica de 1990, Colombia producía más de 100 millones de pares de zapatos al año, abasteciendo ampliamente el mercado interno.
Para 2023, la producción nacional cayó a cerca de 50 millones de pares, lo que cubre el 42 % de la demanda interna, según la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam).
En ese contexto, se firmaron el ATPA (1991) y el ATPDEA (2002), que otorgaron acceso preferencial a productos colombianos en el mercado estadounidense. Sin embargo, el gran debate vino durante la discusión del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EE. UU.
Las negociaciones comenzaron en 2004, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, y despertaron una fuerte controversia nacional.
Gremios empresariales, sindicatos, campesinos y organizaciones sociales participaron activamente en el debate público. Mientras el Gobierno destacaba las oportunidades para aumentar las exportaciones, muchos sectores advertían sobre los riesgos para la agricultura, la industria nacional y el empleo.
Finalmente, el acuerdo fue suscrito en 2006, pero su aprobación en Estados Unidos se demoró hasta 2011, tras incorporar compromisos laborales y ambientales. Entró en vigor en 2012, marcando un nuevo capítulo en la relación bilateral.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y del Departamento de Comercio de Estados Unidos, desde la implementación del TLC el comercio bilateral ha aumentado, pero también ha revelado desequilibrios.
En 2024, las exportaciones colombianas a EE. UU. alcanzaron los USD 17.700 millones, mientras que las importaciones desde EE. UU. sumaron USD 19.000 millones, lo que generó un déficit comercial de USD 1.300 millones para Colombia.
Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones colombianas (28,9 %) y la mayor fuente de inversión extranjera directa.
En 2024, Colombia recibió USD 14.234 millones en inversión extranjera directa, de los cuales USD 5.508 millones provinieron de EE. UU., equivalentes al 38,7 % del total.
Plan Colombia: cooperación con condicionamientos
La política antidrogas ha sido uno de los pilares de la relación bilateral. En 1999, los Gobiernos de Andrés Pastrana y Bill Clinton lanzaron el Plan Colombia, una estrategia integral para combatir el narcotráfico, fortalecer la seguridad y consolidar el Estado de derecho.
Entre 2000 y 2015, Estados Unidos aportó cerca de 10.000 millones de dólares en asistencia militar, policial y social.
Este apoyo permitió reducir parcialmente los cultivos de coca y desarticular estructuras armadas ilegales. También fortaleció las capacidades de las fuerzas armadas colombianas.
Sin embargo, el plan generó críticas por su énfasis militar, el uso extendido del glifosato en fumigaciones aéreas y los impactos negativos en comunidades rurales, especialmente en zonas de frontera y regiones con economías ilegales. El uso del glifosato generó un intenso debate por sus posibles efectos en la salud y el ambiente.
En 2015, Colombia decidió suspender el uso del glifosato en las fumigaciones aéreas, tras una alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre los posibles efectos cancerígenos del herbicida.
Esta decisión, adoptada por el Consejo Nacional de Estupefacientes, generó una fuerte reacción por parte del Gobierno de Estados Unidos, que históricamente había respaldado esta estrategia en la lucha contra los cultivos ilícitos.
Funcionarios estadounidenses expresaron su preocupación por la suspensión y presionaron para que Colombia reconsiderara la medida, argumentando que afectaría los resultados en la erradicación de cultivos.
Además, la decisión influyó en la revisión de recursos y estrategias en el marco de la cooperación bilateral, reorientando fondos hacia la erradicación manual y programas de sustitución de cultivos, más costosos y riesgosos para los erradicadores.
Durante los Gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010), la cooperación con Estados Unidos se intensificó. En el marco de la Seguridad Democrática se incrementaron las operaciones conjuntas de inteligencia y lucha contra el narcotráfico.
En 2022, como reconocimiento a esa relación sostenida, Estados Unidos designó a Colombia Aliado Estratégico Extra-OTAN, una categoría que facilita la cooperación en defensa y adquisición de tecnología militar.
Sin embargo, más allá de la cooperación, también han existido mecanismos de presión. La descertificación ha sido utilizada por Estados Unidos si considera que un país no está cumpliendo con sus compromisos en la lucha contra las drogas. En 1996, Colombia fue descertificada durante el Gobierno de Ernesto Samper.
Aunque desde entonces no se ha aplicado nuevamente, el expresidente Donald Trump amenazó con hacerlo en 2017 y 2019 debido al aumento en los cultivos de coca.
Esta posibilidad ha vuelto a mencionarse durante su nuevo mandato, lo que refleja que la descertificación sigue siendo una herramienta de presión vigente en la agenda bilateral.
Migración: remesas, asilo y deportaciones
La migración también ha sido un eje relevante en la relación. Cerca de 2 millones de colombianos, entre migrantes y sus familias, residen actualmente en Estados Unidos.
Las remesas enviadas desde ese país representan el 53 % del total recibido por Colombia, y son una fuente clave de ingresos para muchas familias.
En los últimos años se ha incrementado el número de colombianos detenidos o deportados por intentar ingresar irregularmente a Estados Unidos.
En 2024, se registraron 14.268 deportaciones y cerca de 135.000 detenciones en la frontera sur, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, esta política migratoria no ha afectado particularmente a Colombia. Ciudadanos de otros países de América Latina también han experimentado un aumento en los controles migratorios y expulsiones.
Lo anterior refleja un enfoque más restrictivo por parte del Gobierno estadounidense frente a la migración irregular en la región.
Este fenómeno ha generado tensiones diplomáticas. A comienzos de 2025, el Gobierno colombiano expresó su rechazo a la forma en que migrantes colombianos estaban siendo deportados, y Estados Unidos respondió con amenazas arancelarias.
Aunque el incidente se resolvió por la vía diplomática, evidenció la sensibilidad del tema y la forma en que Estados Unidos impone, sin negociación, decisiones que impactan directamente a sus aliados.
Tensiones históricas
A lo largo de más de tres décadas, la relación entre Colombia y Estados Unidos ha enfrentado distintos momentos de tensión y crisis diplomática. Estos episodios han puesto a prueba la solidez de la relación bilateral.
Uno de los más críticos fue el escándalo del Proceso 8.000, que involucró el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de Ernesto Samper.
En 1996, Estados Unidos revocó la visa del entonces Presidente y descertificó a Colombia. La descertificación es una medida que permite al Gobierno estadounidense retirar apoyo a países que no cumplen sus compromisos antidrogas. En este caso, la medida implicó restricciones económicas y congeló parcialmente la cooperación bilateral.
Otro punto de tensión fue la creación de la Lista Clinton, que en 1996 incluyó a personas y entidades vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos y otras actividades ilícitas.
Aunque se aplica globalmente, en Colombia tuvo un impacto particular. Estar incluido en esta lista conlleva sanciones económicas severas: congelación de activos, restricciones comerciales y bloqueo del acceso al sistema financiero internacional.
Varios empresarios y compañías del Valle del Cauca fueron señalados, lo que generó consecuencias económicas graves y afectó la imagen empresarial de la región.
A lo largo de los años, se han hecho esfuerzos legales y diplomáticos para lograr la exclusión de algunas personas y empresas, con resultados diversos.
Otra controversia importante surgió en 2009. El Gobierno colombiano firmó un acuerdo que permitía a fuerzas militares estadounidenses el uso de siete bases en territorio nacional: Malambo, Palanquero, Apiay, Tolemaida, Larandia, Cartagena y Bahía Málaga. El objetivo era reforzar la cooperación en operaciones antinarcóticos y entrenamiento militar.
Sin embargo, la iniciativa generó un amplio rechazo en América Latina, donde se interpretó como una expansión del poder militar estadounidense en la región. A nivel interno, sectores políticos y sociales cuestionaron la falta de debate público y los riesgos para la soberanía nacional.
Finalmente, la Corte Constitucional tumbó el acuerdo por falta de aprobación legislativa, lo que obligó a su renegociación.
Uno de los elementos más sensibles ha sido la figura de la extradición. Reinstaurada plenamente en 1997, tras una suspensión en los años noventa, esta medida ha permitido que cientos de ciudadanos colombianos sean enviados a Estados Unidos para responder por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos o crimen organizado.
Durante los Gobiernos de Álvaro Uribe se registraron más de 1.100 extradiciones. Aunque ha sido defendida por aquellos que la consideran un mecanismo eficaz de justicia internacional, también ha generado críticas por la percepción de que Colombia cede soberanía judicial.
El debate sobre su aplicación continúa vigente, especialmente en casos donde los crímenes han ocurrido en territorio nacional.
A pesar de estas fricciones, ambos países han mantenido canales de diálogo y han buscado preservar la cooperación en áreas clave.
Sin embargo, los episodios descritos muestran que la alianza no ha estado exenta de conflictos y que su estabilidad depende en buena medida del contexto político en ambos países.
El caso del Valle del Cauca
El Valle del Cauca ha vivido de manera directa los impactos de la relación entre Colombia y Estados Unidos. La apertura económica de los años noventa y la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2012 transformaron su estructura productiva.
Durante la década de 1990, el departamento experimentó una fuerte desindustrialización. Su participación en el PIB nacional disminuyó, el desempleo aumentó y muchos sectores tradicionales no resistieron la competencia internacional.
Aunque se esperaba una modernización del aparato productivo, en la práctica muchos sectores se debilitaron o desaparecieron. En muchos casos, el efecto fue la pérdida de empleos formales y el cierre de empresas.
La balanza no ha sido del todo negativa. En los primeros diez años del TLC, las exportaciones no mineras del Valle del Cauca a Estados Unidos crecieron a un ritmo promedio del 8 % anual. El azúcar, frutas, flores y alimentos procesados han ganado espacio en el mercado estadounidense.
Según cifras de 2024, el departamento aporta el 3,9 % de las exportaciones colombianas a ese país. Aunque esto lo ubica por debajo de Antioquia y Bogotá, se destaca la diversidad de su canasta exportadora, que incluye productos farmacéuticos, químicos, confecciones, partes eléctricas y derivados del cacao.
Sin embargo, esta integración también ha dejado desafíos. La región sigue siendo vulnerable a decisiones unilaterales de Estados Unidos, como la imposición de aranceles o cambios en normativas fitosanitarias.
Además, la presencia de empresas vallecaucanas en la Lista Clinton ha generado crisis empresariales, restricciones financieras y estigmatización, especialmente en Cali, ciudad que llegó a tener más de 270 entidades señaladas en esa lista.
En materia de seguridad, el Valle del Cauca vivió de cerca el accionar del Cartel de Cali y sus repercusiones internacionales.
La extradición de capos, la cooperación judicial con Estados Unidos y el señalamiento de empresas locales afectadas por vínculos con el narcotráfico también marcaron la agenda regional.
Aunque el Plan Colombia no tuvo en el departamento un impacto directo sí dejó huellas en términos de cooperación institucional, programas sociales y presencia de agencias estadounidenses.
Hoy el Valle del Cauca mantiene una relación comercial estratégica con Estados Unidos. Sin embargo, la experiencia demuestra que las dinámicas globales no siempre traen beneficios equitativos.
La región ha buscado adaptarse, diversificarse y reposicionarse, pero su desempeño sigue condicionado por decisiones tomadas en Washington. Esa dependencia evidencia cómo, en una relación asimétrica, las decisiones del socio mayor siguen marcando el rumbo económico local.
Conclusión: una relación clave y desigual
La alianza entre Colombia y Estados Unidos ha sido profunda, duradera y estratégica, pero nunca equilibrada. Ha permitido enfrentar desafíos comunes y sostener cierta estabilidad regional, aunque siempre bajo condiciones asimétricas.
Colombia ha buscado mantener los beneficios de esta relación sin perder autonomía. A pesar de todo, en los últimos años el desequilibrio se ha hecho más evidente.
Estos hechos reflejan cómo decisiones unilaterales del socio mayor impactan de forma directa a la economía colombiana. La experiencia demuestra que la estabilidad de la relación depende de los vínculos históricos, la coyuntura estratégica y del contexto político y económico en ambos países.
Colombia necesita revisar y fortalecer los términos de esta alianza para evitar que se traduzca en una dependencia costosa.
La relación con Estados Unidos debe sostenerse en el respeto mutuo, la corresponsabilidad y el equilibrio de intereses. La alianza debe actualizarse, o el costo político y económico de esta dependencia seguirá creciendo.
Desde la sala de redacción: 35 años de periodismo
Este proyecto es una mirada al pasado, al presente y al futuro de Colombia a través de la experiencia periodística. A través de estas crónicas, busco no solo recordar, sino entender las lecciones que el tiempo nos ha dejado.
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