Soldados indefensos por una política equivocada

El ataque en Putumayo, donde un subteniente y un soldado fueron quemados vivos durante una operación militar, reabre un debate de fondo sobre el papel de la Fuerza Pública en Colombia.

No es el primer episodio reciente: en menos de un mes se registraron también dos secuestros masivos de militares en Cauca y Guaviare.

La pregunta es inevitable: ¿los soldados deben dejarse matar o secuestrar sin poder reaccionar?

El presidente Gustavo Petro afirmó que la Fuerza Pública no puede responder ataques con fuego contra la población civil, incluso si detrás de estas asonadas están grupos armados ilegales que instrumentalizan a la comunidad como escudo.

Sin embargo, lo que hoy ocurre es que esa política ha terminado convirtiendo a los uniformados en carne de cañón, porque los ilegales se sienten amparados en la certeza de que no habrá respuesta inmediata.

El caso de Putumayo, en el que un soldado profesional y un oficial quedaron con quemaduras graves, es una prueba dolorosa de ese vacío de respaldo.

No se trata de que los militares disparen sin justificación, pero tampoco puede permitirse que cada acción de la Fuerza Pública se convierta en un suplicio en el que la otra parte golpea, secuestra o incendia y el Estado guarda silencio.

Al final, quienes diseñan estas asonadas son grupos como las disidencias de las Farc o los llamados “comandos de frontera”, que aprovechan la permisividad para consolidar control territorial.

La defensa de los derechos humanos no puede confundirse con la inacción. En nombre de proteger a las comunidades, se está dejando desprotegidos a los propios soldados, que también son ciudadanos y que cumplen una misión constitucional.

Si el gobierno no corrige la política de seguridad y redefine reglas claras de legítima defensa, seguirá alimentando un escenario perverso en el que la ilegalidad avanza mientras la Fuerza Pública retrocede.

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