La universidad no puede ser refugio de delincuentes

El presidente Abelardo De La Espriella tiene razón en algo fundamental: la autonomía universitaria no puede convertirse en una patente de impunidad para quienes utilizan las universidades como refugio para cometer actos violentos.

Si desde un campus se preparan explosivos, se almacenan armas, se destruyen bienes o se ataca a ciudadanos y miembros de la Fuerza Pública, las autoridades deben intervenir.

Y si es necesario ingresar a una universidad para capturar a quienes cometen delitos, deben hacerlo. La universidad no puede ser un santuario para delincuentes.

En ese mismo sentido, los operativos de búsqueda e incautación de armas y explosivos en las universidades deben asumirse con normalidad.

No tiene ninguna lógica oponerse a que las autoridades verifiquen que en un campus no existan elementos destinados a causar violencia, porque las universidades son espacios para estudiar, investigar y debatir, no lugares para almacenar armas o fabricar explosivos.

Impedir que estos elementos estén allí protege precisamente a estudiantes, profesores, trabajadores y a la propia comunidad universitaria.

Ahora bien, una política tan delicada necesita límites igualmente claros.

Y allí resulta fundamental el protocolo anunciado por el Gobierno para diferenciar la protesta legítima de los hechos de violencia.

Usar una capucha no convierte automáticamente a alguien en delincuente.

Vandalizar, utilizar explosivos o agredir sí constituye conductas delictivas. La Fuerza Pública debe perseguir hechos y responsables, no apariencias ni pensamientos.

Esa distinción resulta especialmente importante en Colombia, donde expresar determinadas posiciones políticas puede generar riesgos.

Aunque quien protesta pacíficamente no debería necesitar ocultarse, tampoco puede establecerse una presunción de culpabilidad simplemente por cubrirse el rostro.

Así como hay que ponerle freno al abuso de la protesta violenta, también hay que impedir cualquier exceso de las autoridades.

Quien participe en disturbios debe entender que se expone a las consecuencias legales de sus actos, pero la Policía también debe actuar bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y respeto por los derechos.

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