El Congreso no puede fallarle al país

El último año del Congreso durante el gobierno de Gustavo Petro arranca con una agenda apretada, marcada por proyectos de alto impacto que no pueden ser aprobados a las carreras.

El Ejecutivo insiste en tres grandes apuestas: una reforma a la salud que ya ha generado rechazo por su afán estatizador, una nueva reforma tributaria que plantea más cargas para hogares y empresas, y un proyecto que otorga beneficios judiciales a cabecillas de bandas criminales.

Ante ese panorama, el Legislativo tiene la responsabilidad de actuar con rigor, pensando en el país y no en los intereses de un gobierno.

No se trata de impedir el debate, sino de garantizar que se dé con seriedad y profundidad. Iniciativas que afectan de manera estructural la seguridad, la economía o el sistema de salud no pueden ser aprobadas sin escuchar expertos, víctimas, gremios y ciudadanos.

Especialmente cuando el contexto político está marcado por la desconfianza. Es inaceptable, por ejemplo, que se propongan penas reducidas y beneficios de reclusión alternativa a criminales que han sembrado el terror en barrios y municipios, sin compromisos verificables ni garantías de reparación a las víctimas.

Del mismo modo, resulta irresponsable promover una reforma tributaria sin demostrar primero eficiencia en el uso del presupuesto actual.

En lugar de exigir más sacrificios a los contribuyentes, el gobierno debería comenzar por eliminar entidades ineficientes, como el Ministerio de la Igualdad, cerrar embajadas innecesarias y controlar la corrupción, como la que se evidenció en la Ungrd, donde se calcula que se perdió cerca de $1 billón.

Cada uno de estos proyectos debe analizarse por sus méritos, no por los afanes políticos del momento. Es un error que podría costarle caro al país confundir la búsqueda de la paz con concesiones desmedidas al crimen.

También lo sería ponerle otra carga tributaria a los colombianos justo cuando muchos apenas sobreviven.

A eso se suma el riesgo de una reforma a la salud mal planteada que podría colapsar el sistema y afectar a millones de usuarios.

El Congreso debe actuar con independencia. Esta nueva legislatura no puede estar al servicio de la Casa de Nariño, sino del país.

Las decisiones que se tomen ahora marcarán el rumbo de Colombia en los próximos años. Si los congresistas votan pensando en sus intereses y no en los efectos de fondo, entonces será deber de los ciudadanos castigarlos en las urnas.

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