¿Paz o impunidad disfrazada?

El proyecto que impulsa el Ministerio de Justicia para otorgar beneficios penales a cabecillas e integrantes de organizaciones criminales no solo resulta equivocado, sino que confirma el peor temor que dejó flotando la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro: el llamado “Pacto de La Picota”.

Aquella denuncia sobre supuestos compromisos con capos desde la cárcel cobra hoy más vigencia, cuando el gobierno propone penas mínimas, libertad anticipada y condiciones cómodas para quienes tanto daño le han hecho al país.

La fórmula es la misma que ya fracasó. Bajo la bandera de la “paz total”, se entregaron ceses bilaterales, se nombraron gestores de paz, y se ofrecieron concesiones a estructuras armadas que, en vez de desmontarse, fortalecieron su poder territorial y expandieron sus economías ilegales.

No hay reducción de la violencia, no hay seguridad en las regiones y no hay resultados verificables que justifiquen insistir en esta vía.

Ahora, con un Congreso dividido, el presidente defiende la justicia restaurativa diciendo que “la verdad debe ir antes que el castigo”, mientras se prepara un proyecto que permitiría a criminales salir tras cinco años, incluso cumplir condenas en “casas de armonización” o colonias agrícolas, lejos del rigor carcelario.

Las críticas son previsibles y válidas: esto no es reconciliación, es impunidad con disfraz técnico.

La paz no puede construirse sacrificando la justicia ni burlando el Estado de Derecho. La justicia restaurativa no debe ser una coartada para soltar a los criminales a cambio de versiones libres y bienes parcialmente entregados.

Es indispensable que haya compromisos verificables y resultados medibles, lo demás no es una política de paz, es una claudicación ante el delito.

Y eso, no solo es un error, sino es una amenaza directa a la legitimidad del Estado.

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