Secuestro: regreso a los peores tiempos

El anuncio del ELN de someter a “juicio revolucionario” a cuatro funcionarios del Estado secuestrados en Arauca revive una de las etapas más dolorosas de la historia reciente de Colombia.

Hechos como este muestran el deterioro y el retroceso que el país está viviendo en materia de seguridad y orden público, porque nos devuelven más de 25 años atrás, a la época en que el ELN y las Farc convirtieron a miles de colombianos en objetos de trueque para presionar canjes por guerrilleros presos. Una práctica inhumana, degradante y contraria a cualquier principio de justicia o dignidad.

Ningún grupo armado puede tener la facultad de privar a las personas de su libertad, y mucho menos de someterlas a falsos “juicios revolucionarios” que terminan en castigos o fusilamientos.

Los funcionarios secuestrados (dos del CTI de la Fiscalía y dos de la Policía Nacional) no tienen cuentas pendientes con la ley, son servidores públicos, ciudadanos protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, y cualquier intento de juzgarlos por parte de una organización ilegal constituye un crimen.

Resulta aún más grave que el grupo pretenda un “canje humanitario” como condición para su liberación.

Equiparar a funcionarios secuestrados con guerrilleros presos por delitos comprobados es desconocer por completo el principio de justicia.

Si el gobierno cede, abriría un precedente que legitima el secuestro como herramienta de negociación y deja a la ciudadanía en total indefensión.

El país no puede tolerar esta degradación. La sociedad debe rechazar de manera unánime este chantaje disfrazado de humanitarismo.

Y el gobierno tiene la obligación de hacerlo también. No basta con comunicados tibios: debe haber una posición firme y coherente.

No puede ser que, tras haber otorgado beneficios y espacios de diálogo al ELN, este grupo responda con amenazas y prácticas que Colombia ya había superado.

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