La Constitución no se reescribe por conveniencia

La Constitución de 1991 es una carta fundamental joven, vigente y lo suficientemente amplia para responder a las necesidades del país.

Allí están consagrados todos los mecanismos para la protección de derechos, la organización del Estado y el control del poder.

Que no todos se hayan aplicado correctamente no es un problema del texto constitucional, es un problema de administración, de gestión y de voluntad política.

Por eso, bajo ninguna circunstancia Colombia debe abrir la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente, mucho menos promovida desde un gobierno que está a diez meses de terminar su mandato.

El argumento del “bloqueo institucional” que esgrime el presidente Gustavo Petro no resiste análisis.

Las instituciones tienen los procedimientos para debatir, modificar y ajustar políticas públicas, pero esos procesos exigen negociación, construcción de mayorías y acuerdos.

Lo que está en juego, en realidad, es la intención de eludir esos consensos para imponer una visión única del Estado.

Y cuando la solución que se propone es reescribir la Constitución entera, el riesgo es evidente: confeccionar una carta política a la medida del gobernante de turno.

No se puede perder de vista que detrás de esta iniciativa aparece una preocupación mayor: la posibilidad de habilitar la reelección presidencial. Colombia ya vivió ese error y aprendió sus consecuencias.

La reelección rompe el equilibrio de poderes, distorsiona los incentivos institucionales y coloca al poder ejecutivo por encima del resto de órganos del Estado.

La alternancia es un principio de salud democrática y debe mantenerse, sin importar quién esté en la Presidencia. Lo que hoy aplica para Gustavo Petro debe aplicar para cualquier presidente.

Además, Petro está faltando a una promesa explícita hecha en campaña: no promover una constituyente.

No solo retrocede en ese compromiso, sino que pretende hacerlo en un momento en el que el país ya entró en la discusión electoral hacia 2026, lo que introduce incertidumbre política, tensión institucional y desgaste social.

Mezclar deliberadamente el calendario electoral con un debate constituyente es, cuando menos, irresponsable.

Comments