La fractura entre la autoridad y la ciudadanía en Cali

Casos recientes, como una asonada contra la Policía en Mariano Ramos, agresiones a agentes de tránsito y denuncias cruzadas de abuso, dejan claro que Cali enfrenta una profunda crisis en su relación con la autoridad.

No se trata de hechos aislados, sino de síntomas de una enfermedad social más compleja: una relación desgastada, desconfiada y, en muchos casos, violenta entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de garantizar el orden.

No es nuevo que haya lugares a los que la Policía no entra con facilidad.

Lo alarmante es que ya no sorprende.

La resistencia a la presencia institucional se ha normalizado en algunos sectores, y lo más grave es que el Estado no parece tener una estrategia clara para recuperar esa legitimidad perdida.

Los agentes de tránsito, por ejemplo, han sido blanco de al menos 15 agresiones en los primeros dos meses del año.

La respuesta institucional ha sido reforzar los controles, pero no basta con operativos.

Si los ciudadanos no reconocen en los funcionarios públicos a garantes de derechos sino a adversarios, el problema es más profundo.

Esto es un desafío a la autoridad, sí, pero también una oportunidad para repensarla.

En ciertos sectores, lo que desde el Estado se presenta como control o legalidad, es percibido como represión o abuso.

La desconfianza es mutua.

Y en medio de esa tensión constante, se pierden la legitimidad, el respeto y la posibilidad de diálogo.

La autoridad también debe mirarse al espejo.

¿En qué momento perdió el respeto de quienes debe proteger? ¿Qué prácticas han erosionado esa legitimidad? Porque el respeto no se impone, se gana.

Se necesita una revisión profunda del relacionamiento entre ciudadanos e instituciones, que incluya pedagogía cívica, protocolos claros, sanciones ejemplares cuando lo amerite y, sobre todo, voluntad política para sanar esa fractura. Cali lo necesita.

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