Porte de armas: el derecho a defenderse dentro de la ley

El levantamiento de la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego no significa que Colombia entrará en una carrera para armar ciudadanos, presentarlo de esa manera es desinformar.

El Decreto 1368 firmado por el presidente Abelardo De La Espriella no establece un porte indiscriminado.

Quien pretenda portar legalmente un arma tendrá que cumplir los requisitos, controles y permisos establecidos por las autoridades, lo que cambia es que la prohibición general deja de ser la regla.

Y esa diferencia es fundamental. Durante años Colombia restringió a quienes pretendían portar un arma dentro de la legalidad, mientras los delincuentes siguieron consiguiéndolas por fuera de ella.

Las cifras presentadas por el Gobierno resultan contundentes: entre enero y el 3 de septiembre la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, obviamente ilegales, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con delitos.

Conclusión: a los criminales nunca les afectó que estuviera suspendido el porte legal.

Por eso sorprende que algunos sectores reaccionen como si esta medida fuera el principal peligro para la seguridad, mientras el país enfrenta organizaciones criminales armadas hasta los dientes.

Por supuesto, portar un arma implica una enorme responsabilidad, los permisos deben concederse con rigor y las autoridades tienen que garantizar controles estrictos.

No se trata de reemplazar al Estado ni de promover la justicia por mano propia, se trata de reconocer que un ciudadano que cumple todas las exigencias legales pueda portar un arma y ejercer, dentro de la ley, su legítima defensa.

El porte legal y responsable de armas puede cumplir una función disuasiva: el delincuente actúa con ventaja cuando sabe que su víctima está indefensa.

Por lo tanto, mantener una prohibición general para el ciudadano que cumple los requisitos no desarma al criminal, sino que, por el contrario, puede dejar aún más expuesto a quien respeta las normas.

Por eso, quienes se oponen a esta medida deberían preguntarse si están defendiendo realmente a los ciudadanos acosados por el crimen o facilitándoles el trabajo a los delincuentes.

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