Seguridad: el Cauca no puede seguir esperando

La situación del Cauca exige una respuesta urgente del Gobierno Nacional.

La nueva alerta de la Defensoría del Pueblo confirma que el departamento atraviesa una grave crisis humanitaria, con comunidades sometidas al desplazamiento, el confinamiento, las amenazas y la violencia de organizaciones armadas ilegales.

Las cifras son estremecedoras. Entre enero de 2024 y junio de 2026, 15.492 personas resultaron afectadas por desplazamientos masivos y otras 31.471 por confinamiento.

La entidad también documentó 595 casos de reclutamiento de menores entre 2024 y mayo de 2026. Además, mantiene 20 alertas tempranas activas en el departamento.

El problema no nació hace cuatro años. El Cauca lleva décadas padeciendo la presencia de guerrillas y demás estructuras criminales que disputan territorios y economías ilegales.

Sin embargo, es innegable que durante el gobierno de Gustavo Petro la situación se agravó.

Las concesiones y ventajas operativas otorgadas a estas organizaciones en el marco de su política de “paz total” fueron aprovechadas por estructuras que ampliaron su capacidad de daño y control territorial.

Ahora le corresponde al presidente Abelardo De la Espriella enfrentar esa realidad.

No se puede esperar que en tres meses resuelva un problema de décadas, pero sí deben comenzar a verse decisiones contundentes y resultados que indiquen que el Estado está recuperando la iniciativa.

La situación de la vía Panamericana es especialmente preocupante.

Los ataques y las amenazas convierten cada desplazamiento en una fuente de temor para transportadores, viajeros y comunidades.

El Gobierno debe escuchar ese llamado y adoptar las medidas necesarias para garantizar la movilidad y proteger a la población.

En el Cauca confluyen organizaciones que defienden negocios de narcotráfico, cultivos ilícitos y minería ilegal.

Por eso no basta con desplegar uniformados después de cada ataque, se necesita inteligencia, presencia institucional permanente, operaciones contra las estructuras criminales y recuperación efectiva de los territorios.

La propia Defensoría reclama implementar las 52 recomendaciones formuladas a las autoridades nacionales y territoriales.

También advierte que las alertas tempranas deben traducirse en acciones y recursos concretos.

El Cauca necesita mucho más que declaraciones de preocupación, necesita un Estado presente, capaz de proteger a sus habitantes y recuperar el control territorial.

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