Presuntas presiones armadas a favor de Iván Cepeda desatan polémica

Las denuncias sobre una supuesta presión de grupos armados ilegales para favorecer electoralmente a Iván Cepeda están en el centro del debate político.

El señalamiento apunta a la posible incidencia de estructuras como disidencias de las Farc en territorios donde ejercen control, lo que reabre la discusión sobre garantías electorales en zonas afectadas por el conflicto.

La controversia tomó fuerza tras una entrevista del candidato presidencial Roy Barreras con el periodista Daniel Coronell, en la que el exsenador planteó que actores armados ilegales sí tendrían capacidad de incidir en votaciones.

Coronell preguntó si los jefes de clanes mafiosos que fueron liberados en Antioquia tienen el propósito de buscar una votación mejor para el candidato del gobierno, ante lo cual Barreras respondió “estoy seguro que sí”, y agregó que esto no ocurre únicamente en ese departamento.

Según dijo el excongresista, hay territorios donde quienes ejercen control terminan condicionando el comportamiento electoral.

“Ni siquiera se toman el trabajo de obligar a votar, sino que recogen las cédulas y después le entregan el registro electoral”, aseguró Barreras al referirse a zonas del país donde tienen control cabecillas como alias “Calarcá”, de las disidencias de las Farc.

Lo que llamó la atención de estas declaraciones es que no provienen de un opositor, pues Roy Barreras no sólo es cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro, sino que hasta antes del 8 de marzo manifestó su intención de llegar a un acuerdo de unidad con Iván Cepeda.

Acusación directa contra cepeda

A esas declaraciones se sumó la denuncia de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, quien señaló de manera explícita que en algunas zonas del país las disidencias estarían orientando el voto a favor de Iván Cepeda.

“Los guerrilleros obligan a la gente a inscribirse y les ordenan votar por Cepeda y les advierten que el lunes estarán revisando los escrutinios”, afirmó Valencia.

La congresista también vinculó estas denuncias con hechos de violencia en el Cauca: “Un exdiputado Vallejo fue asesinado y torturado por no haber votado por quienes indicaban los guerrilleros”.

Choque en el Senado

El tema llegó a la plenaria del Senado, donde Paloma Valencia reiteró sus señalamientos y cuestionó que el gobierno estuviera permitiendo la incidencia de actores ilegales en la política.

Durante su intervención, sostuvo que en el país “revivió la combinación de las formas de lucha”, al referirse a la presunta participación de estructuras criminales en el escenario electoral.

Iván Cepeda respondió de manera inmediata y rechazó las acusaciones, calificándolas como parte de una campaña en su contra.

“El supuesto audio de un actor ilegal anunciando apoyo a mi campaña es un montaje. Nunca he tenido contactos con grupos armados ilegales y rechazo cualquier ofrecimiento de apoyo que provenga de la ilegalidad”, afirmó.

Un contexto de mayor control armado

La polémica ocurre en un momento en el que distintos informes advierten sobre el fortalecimiento de los grupos armados ilegales en el país.

Según la Fundación Ideas para la Paz, en 2025 estas estructuras superaron los 27.000 integrantes, con un crecimiento del 23,5%, respecto a 2024, lo que refleja una expansión sostenida.

El informe también advirtió un aumento del 34% en las disputas entre grupos y un mayor control sobre comunidades, lo que incrementa su capacidad de incidencia en la vida cotidiana de varias regiones.

Este escenario incluye un aumento del 85% en el desplazamiento forzado y del 133% en el secuestro, indicadores que evidencian el impacto del fortalecimiento armado.

Antecedentes que alimentan la discusión

En medio de esta controversia, algunos sectores han recordado comportamientos electorales de 2022 en territorios con presencia de grupos armados.

En Argelia, Cauca, por ejemplo, la participación alcanzó el 74,02%, por encima del promedio nacional del 58%, y el 93,44% de los votantes respaldó a Gustavo Petro.

Ese municipio ha sido identificado por la presencia de disidencias de las Farc, lo que ha llevado a interpretaciones sobre una posible incidencia en los resultados, aunque sin conclusiones definitivas.

Con estos antecedentes, la discusión actual se mueve entre denuncias, negaciones y un contexto de seguridad que mantiene abierta la pregunta sobre el alcance real de la influencia de los grupos armados en la política electoral.

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