Arizabaleta va por los encapuchados

Si algo le valió a Jaime Arizabaleta su elección como representante a la Cámara por el Valle del Cauca, además de sus duras posiciones frente al gobierno del expresidente Gustavo Petro, fue su propuesta de una ley anticapuchos.

Como candidato, el congresista del Centro Democrático supo interpretar el cansancio que existe –especialmente en Cali– frente a quienes ocultan su rostro y aprovechan las protestas para generar vandalismo, destrucción, miedo y caos.

Ahora, Arizabaleta pasó de las promesas a los hechos y radicó –b– su proyecto de ley anticapuchos.

El proyecto crea un delito para quien oculte deliberadamente su identidad con el propósito de facilitar la comisión de actos vandálicos durante una manifestación, reunión, movilización o concentración pública.

La propuesta establece para esta conducta penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de 50 a 200 salarios mínimos.

La pena aumentaría cuando se utilicen explosivos, sustancias corrosivas o elementos peligrosos; cuando los ataques sean contra instituciones educativas, centros de salud, organismos de socorro, bienes culturales o infraestructura estratégica, o cuando se produzca una alteración grave del orden público.

Ante los cuestionamientos de quienes sostienen que esta iniciativa criminaliza la protesta pacífica, el congresista del Centro Democrático respondió:

“Yo le pregunto a los colombianos: ¿por qué el 100% de quienes me escuchan hemos salido a manifestarnos con el rostro descubierto? Nunca nos hemos encapuchado, así que esto no va en contravía del derecho a la protesta”.

La iniciativa tiene otro componente que para Jaime Arizabaleta es especialmente importante: endurecer las sanciones por bloqueos de vías.

“Bloquear vías en Colombia siempre ha sido prohibido, pero ha tenido una pena muy pequeña. Entonces, es excarcelable”, dijo Arizabaleta.

Actualmente, según la exposición de motivos del proyecto, el delito de obstrucción a vías públicas tiene una pena de 24 a 48 meses.

La iniciativa propone elevarla de 48 a 96 meses, además de una multa entre 50 y 200 salarios mínimos.

Y aquí aparece nuevamente Cali como una de las razones que explican la insistencia del congresista en este tema:

“Yo vengo de Cali, por eso este tema es simbólico, porque mi ciudad es una ciudad que los bloqueadores y los capuchos la han jodido permanentemente, recordemos el paro criminal del año 2021”, dijo Arizabaleta.

El proyecto cita, además, antecedentes internacionales.

En Chile se incorporó como agravante ocultar deliberadamente el rostro para facilitar determinados delitos, mientras que en Guatemala existe una prohibición de participar con el rostro cubierto en manifestaciones públicas, con consecuencias penales.

Arizabaleta asegura que las primeras reacciones contra su propuesta no provinieron de ciudadanos, organizaciones estudiantiles ni universidades, sino de quienes él calificó como “terroristas” que, según dijo, intentaron intimidarlo mediante panfletos y publicaciones para tratar de frenar la iniciativa.

Sin duda, es un proyecto que generará mucho debate, pero cuya pertinencia está más que clara.

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