Pulso entre Superintendencia y Sociedad Portuaria de Buenaventura

Ante la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de imponerle una multa por más de $25.355 millones, a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) y a cuatro de sus directivos, la entidad portuaria anunció acciones judiciales.

Según la SIC, la empresa habría aprovechado su doble condición de administradora de la infraestructura portuaria y prestadora de servicios para favorecer su propia operación, priorizar turnos y beneficios a sus servicios y a su empresa aliada, además de imponer barreras que limitaron la participación de otros operadores.

La Superintendencia concluyó que entre 2013 y 2025 implementó prácticas para restringir la libre competencia en el principal terminal marítimo del Pacífico colombiano y ordenó eliminar las prácticas identificadas para garantizar condiciones de competencia en el puerto.

La Sociedad Portuaria sostuvo que la resolución aún no está en firme y anunció la presentación de un recurso de reposición.

En un comunicado, aseguró que durante la actuación administrativa ejerció plenamente su derecho de defensa y negó haber incurrido en conductas contrarias al régimen de libre competencia.

La compañía afirmó que las pruebas aportadas demuestran que nunca restringió el acceso de otros operadores ni otorgó ventajas indebidas a sus propios servicios y recordó que la Superintendencia archivó previamente una investigación al respecto al no encontrar evidencias.

Mientras se resuelven los recursos, el caso continuará su curso en el ámbito administrativo y, eventualmente, judicial.

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