Cali, octubre 20 de 2026. Actualizado: martes, octubre 20, 2026 15:56

Más allá de patrullajes

Seguridad en Cali: concejales piden más policías en las calles, cámaras de vigilancia e inversión social

Seguridad en Cali: concejales piden más policías en las calles, cámaras de vigilancia e inversión social
Foto: Concejo de Cali
lunes 19 de octubre, 2026

La seguridad en Cali volvió a generar cuestionamientos en el Concejo, donde los cabildantes pidieron mayor presencia policial, inversión tecnológica y programas sociales para enfrentar la delincuencia.

Durante una sesión plenaria, los concejales señalaron dificultades relacionadas con el hacinamiento en las estaciones de Policía, la falta de vigilancia en algunos sectores y las limitaciones de recursos para combatir las estructuras criminales.

El debate contó con la participación del comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Néstor Armando Pineda Castellanos, y del comandante de la Tercera Brigada del Ejército, brigadier general Gabriel Andrés Maje Gómez.

Ambos presentaron los resultados de sus operaciones, mientras los concejales expusieron las necesidades que, según sus intervenciones, requieren atención de las autoridades distritales y la Fuerza Pública.

Más presencia policial

Entre las solicitudes, los concejales Marlon Cubillos y Audry María Toro plantearon reforzar la presencia de la Policía Militar en las comunas y corregimientos afectados por la extorsión y el reclutamiento de menores.

También propusieron aumentar los recorridos de carabineros en las zonas rurales, especialmente en las veredas de difícil acceso, donde consideran necesario ampliar la vigilancia.

A estas peticiones se sumó Cubillos, quien solicitó establecer controles en las entradas y salidas de Cali y promover cambios en la justicia para evitar que personas capturadas por delitos regresen rápidamente a las calles.

Por su parte, Edison Lucumí pidió fortalecer los patrullajes rurales y proteger las viviendas de las familias evacuadas después del sismo de agosto, ante las denuncias de saqueos.

Otro asunto que concentró la discusión fue el estado de los equipos utilizados para garantizar la seguridad en Cali.

El concejal Roberto Ortiz pidió incluir recursos en el presupuesto distrital para adquirir vehículos blindados, drones y cámaras con inteligencia artificial.

María del Carmen Londoño, a su vez, solicitó reparar los sistemas de videovigilancia fuera de servicio y aclarar las diferencias entre los reportes de homicidios de la Policía y Medicina Legal.

Los concejales también abordaron el hacinamiento en las estaciones policiales, una situación que obliga a destinar uniformados a custodiar personas privadas de la libertad.

Frente a esto, Edison Alberto Giraldo solicitó gestionar traslados con el Inpec y dotar a las unidades de seguridad urbana con dispositivos Taser para intervenir en riñas.

Prevención e inversión social

Además de las medidas policiales, los cabildantes insistieron en que la seguridad en Cali requiere acciones de prevención.

Rodrigo Salazar y Sergio Mauricio Zamora cuestionaron los recortes previstos en el presupuesto distrital para programas juveniles, prevención de conflictos, vigilancia del delito y recuperación de espacios públicos seguros.

En esa misma línea, Alexandra Hernández, María del Carmen Londoño y Sergio Mauricio Zamora solicitaron fortalecer las estrategias contra la violencia hacia las mujeres.

Hernández propuso convocar mesas de trabajo para revisar la tipificación de feminicidios e investigar las desapariciones de mujeres jóvenes.

También surgieron cuestionamientos sobre los efectos de las intervenciones policiales en el centro de Cali.

Los concejales Tania Fernández, María del Carmen Londoño y Roberto Ortiz pidieron acompañamiento social ante el desplazamiento de habitantes de calle y puntos de expendio de drogas hacia otros sectores.

El coronel Pineda Castellanos se comprometió a revisar las inquietudes y evaluar ajustes en las estrategias de seguridad.

Asimismo, planteó fortalecer el papel de las familias en la prevención y abordar el consumo problemático de sustancias como un asunto de salud pública.


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