De la Espriella ordena asistencia jurídica para militares detenidos por asesinato del presidente de Haití

Abelardo de la Espriella pidió brindar asistencia jurídica a los militares colombianos detenidos por su presunta participación en el asesinato de Jovenel Moïse, presidente de Haití.

También solicitó apoyo económico para sus familias mientras se determina la responsabilidad individual de los involucrados.

A través de su cuenta de X, De la Espriella indicó que impartió instrucciones a los ministros de Defensa y Justicia para acompañar la situación de los colombianos.

Su petición se concentra en garantizar que los detenidos puedan ejercer su defensa dentro de los procesos relacionados con el crimen ocurrido en Haití en julio de 2021.

“No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno”, expresó De la Espriella en su publicación.

El mensaje plantea diferenciar la actuación de cada uno de los militares involucrados en el caso.

Además del componente jurídico, la petición contempla respaldo económico para las familias de los detenidos.

De la Espriella no entregó en su mensaje detalles sobre montos, mecanismos de entrega o condiciones para acceder a esos recursos.

“No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare”, agregó.

El anuncio se produce mientras los procesos derivados del asesinato de Jovenel Moïse avanzan de manera diferente en Estados Unidos y Haití.

Militares colombianos

Jovenel Moïse fue asesinado durante la madrugada del 7 de julio de 2021, cuando un grupo de unas dos docenas de extranjeros atacó su residencia privada en Pétion-ville, cerca de Puerto Príncipe.

La mayoría de los integrantes del grupo eran colombianos y varios habían pertenecido al Ejército.

Las autoridades haitianas capturaron posteriormente a la mayoría de los colombianos y abatieron a tres.

Desde entonces, surgieron distintas versiones sobre el nivel de conocimiento que cada integrante tenía acerca de los objetivos de la operación y sobre las condiciones bajo las cuales fueron contratados.

Según la Fiscalía estadounidense, la empresa de seguridad CTU contrató inicialmente a unos 18 ciudadanos colombianos con formación militar.

La misión estaba relacionada inicialmente con la seguridad de Christian Emmanuel Sanon, médico y pastor haitiano-estadounidense con aspiraciones políticas.

Las familias de varios exmilitares sostuvieron que sus parientes viajaron bajo ofertas laborales para trabajar como escoltas o prestar servicios de seguridad privada.

Algunos detenidos también afirmaron que desconocían el objetivo final de la operación.

Además, parte de la defensa sostuvo que algunos participantes creían que intervenían en una operación de arresto legal respaldada por autoridades estadounidenses.

Sin embargo, no existe evidencia pública de que el Gobierno de Estados Unidos autorizara la operación.

Situación judicial

En Estados Unidos, el proceso derivó en varias condenas. El 8 de mayo de 2026, un jurado federal en Miami declaró culpables a cuatro hombres por participar en la conspiración para secuestrar o asesinar a Jovenel Moïse.

Con ese fallo, nueve implicados quedaron condenados en Estados Unidos.

Cinco acusados que se declararon culpables recibieron anteriormente cadena perpetua, entre ellos dos exmilitares colombianos.

En Haití, más de 50 personas fueron acusadas, incluidos exmilitares colombianos.

Sin embargo, el proceso permanece paralizado por la situación de seguridad del país.

Los detenidos llevan años en cárceles haitianas sin juicio y sus familias solicitaron gestiones para garantizar sus derechos o conseguir su traslado.

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