Dos décadas de la masacre de Potrerito en Jamundí perpetrada por el Ejército

La masacre de Potrerito, en Jamundí, permanece como uno de los episodios más oscuros y vergonzosos de la historia reciente de Colombia.

Han pasado veinte años, pero el horror de aquel 22 de mayo de 2006 continúa siendo una herida abierta para las familias de las víctimas, para la Policía Nacional y para un país que todavía no logra comprender cómo integrantes de las mismas fuerzas del Estado terminaron protagonizando una tragedia de semejante magnitud.

El entonces fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, calificó los hechos como un “acierto criminal”, una expresión contundente que resumía la gravedad de lo ocurrido: una operación planeada y ejecutada con precisión militar, pero dirigida contra hombres que también representaban la institucionalidad colombiana.

Ese día, al final de la tarde, un civil informante y diez integrantes de la Policía Nacional adscritos a la DIJIN, conocidos como el grupo COMCA (Comisión Cali), fueron emboscados y asesinados en zona rural de Potrerito.

La comisión adelantaba labores de verificación relacionadas con un posible cargamento de estupefacientes, en una operación previamente coordinada con la Fiscalía General de la Nación. No se trataba de una patrulla cualquiera.

Eran investigadores especializados, hombres con amplia experiencia en inteligencia y policía judicial, considerados entre los mejores de la institución.

Policías entrenados para combatir estructuras criminales complejas y enfrentar organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Uniformados que habían dedicado su vida a perseguir el crimen organizado y que terminaron siendo víctimas de quienes, en teoría, compartían la misma misión de proteger al país.

La gravedad del hecho no radica únicamente en el número de muertos ni en las circunstancias violentas de la emboscada.

Lo verdaderamente aterrador fue descubrir que los responsables no pertenecían a grupos ilegales ni a organizaciones narcotraficantes.

Los victimarios eran integrantes de un pelotón especial del Batallón de Alta Montaña adscrito a la Tercera Brigada del Ejército Nacional.

La investigación judicial permitió establecer que los militares esperaron estratégicamente la llegada de la comisión policial y aprovecharon el factor sorpresa para abrir fuego de manera indiscriminada, anulando cualquier posibilidad real de reacción por parte de los miembros de la DIJIN.

No hubo combate equilibrado ni enfrentamiento accidental. Lo que ocurrió fue una acción letal dirigida contra hombres que jamás imaginaron que el peligro provenía de quienes portaban el mismo uniforme de la patria.

Con el paso de los años, la justicia especializada condenó en todas las instancias al teniente coronel Bayron Carvajal y a varios integrantes del pelotón militar como responsables de homicidio doloso múltiple y agravado.

Las decisiones judiciales fueron contundentes al establecer que las víctimas se encontraban en estado de indefensión y que los hechos no podían justificarse bajo ninguna lógica operacional legítima.

Sin embargo, pese a las condenas, nunca existió un verdadero reconocimiento de responsabilidad por parte de los militares involucrados. Jamás hubo un acto sincero de arrepentimiento ni una voluntad real de contar toda la verdad.

Por el contrario, insistieron durante años en sostener la teoría del “fuego amigo”, intentando hacer creer que la tragedia obedeció a una falla de comunicación y coordinación entre dos fuerzas estatales.

La tesis resultaba absurda desde cualquier perspectiva lógica y operacional. No era razonable pensar que un grupo élite del Ejército confundiera a una comisión de policía judicial previamente coordinada con la Fiscalía.

Mucho menos cuando las condiciones del operativo y las pruebas recopiladas durante el proceso judicial evidenciaban preparación, ventaja táctica y conocimiento previo de la presencia policial en la zona.

Afortunadamente, la justicia no aceptó esa versión. Pero, aunque las condenas permitieron reivindicar el honor de los policías asesinados y evitar que el crimen quedara en la impunidad, la sensación de verdad incompleta continúa presente.

Todavía persiste la percepción de que detrás de la masacre existían intereses más profundos que nunca fueron plenamente esclarecidos.

Ese silencio terminó generando consecuencias institucionales que aún hoy afectan la relación entre el Ejército y la Policía Nacional.

La desconfianza y las fracturas internas entre ambas instituciones encontraron en Potrerito uno de sus capítulos más dolorosos.

Porque cuando hombres armados por el mismo Estado terminan enfrentándose entre sí, el daño golpea directamente la credibilidad institucional.

Conmemorar a los once hombres asesinados aquel 22 de mayo de 2006 significa reconocer el valor de quienes murieron cumpliendo su deber, pero también asumir que la verdadera fortaleza institucional solo puede construirse sobre la transparencia, la verdad y la justicia.

fPorque ninguna democracia puede permitirse que la traición se esconda detrás de un uniforme.

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