La memoria no es el altar del terrorismo

Muchos de los que hoy se escandalizan por el retiro de piezas del Museo Nacional celebraron o justificaron que una multitud derribara monumentos históricos en Colombia.

Cuando cayeron las estatuas de Sebastián de Belalcázar en Cali y Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá, algunos presentaron aquellos actos como una reivindicación histórica.

Ahora, cuando el Gobierno cuestiona la exaltación de antiguos actores armados, la palabra censura aparece de inmediato. Esa doble moral merece ser denunciada.

La historia no puede convertirse en una causa noble cuando sirve a una ideología y en un patrimonio intocable cuando incomoda a la contraria.

Un museo tiene una responsabilidad que no admite ligerezas. Es un espacio para conservar, investigar y enseñar aquello que es real, factible y demostrable.

Su autoridad debe descansar en los documentos, los objetos, las fuentes y los hechos, no en las simpatías políticas de quienes diseñan sus exposiciones.

La historia no necesita propaganda ni necesita fabricar héroes.

Necesita rigor. Cuando una institución pública convierte a responsables de la violencia en figuras de admiración, cruza una frontera que merece ser cuestionada con toda firmeza.

Colombia no puede normalizar que los grupos terroristas terminen ocupando pedestales simbólicos mientras sus víctimas cargan durante décadas con las consecuencias de sus crímenes.

El secuestro, el asesinato, el reclutamiento forzado y el terror no se vuelven menos graves porque sus responsables hayan tenido un proyecto político o porque después hayan participado en un proceso de paz.

La dejación de las armas puede abrir un camino hacia la reconciliación, pero no transforma retrospectivamente los crímenes en hazañas ni convierte a sus autores en próceres de la patria.

El Estado no tiene por qué rendir homenaje a quienes se alzaron en armas contra los colombianos.

Una cosa es estudiar a las guerrillas, explicar sus orígenes, documentar sus acciones y examinar los acuerdos que permitieron su desmovilización.

Otra muy distinta es exhibir sus símbolos o sus dirigentes de una manera que termine glorificando su trayectoria.

La historia debe mostrar lo que hicieron; no tiene por qué celebrar a quienes hicieron del terror un instrumento político.

Las memorias también necesitan espacios adecuados y diferenciados.

Las víctimas merecen lugares donde sus testimonios, su sufrimiento y sus luchas sean preservados con respeto.

Los archivos del conflicto deben conservar las pruebas y los registros de lo ocurrido.

Y los museos nacionales deben garantizar que sus relatos históricos respondan a criterios de rigor, contexto y evidencia.

No todo tiene que cumplir la misma función ni ocupar el mismo espacio.

Confundir la memoria de las víctimas con la exaltación de sus victimarios es una injusticia; confundir la documentación histórica con la idolatría política es un error todavía mayor.

Por ejemplo, Alemania entendió que una democracia tiene derecho a defenderse de la glorificación de quienes encarnaron uno de los capítulos más atroces de la historia.

Su legislación restringe la propaganda de organizaciones nazis y el uso público de sus símbolos, incluidas banderas, insignias y formas de saludo, bajo determinadas condiciones.

La ley contempla excepciones para la investigación, la enseñanza, el arte y la divulgación histórica.

La distinción es fundamental, el nazismo puede y debe estudiarse, pero su propaganda no recibe automáticamente el mismo tratamiento que una pieza destinada a explicar sus crímenes

¿Acaso Colombia tiene menos razones para examinar con severidad la exaltación de organizaciones responsables de secuestros, masacres, asesinatos y reclutamiento de menores? ¿Por qué deberíamos aceptar que la historia de quienes ejercieron la violencia se presente de una manera que pueda convertirlos en referentes de admiración? Si una democracia puede establecer límites frente a la propaganda de organizaciones criminales, Colombia tiene razones de sobra para discutir y desarrollar criterios igualmente firmes frente a la apología del terrorismo, dentro del marco de su Constitución y sus leyes.

Ningún proyecto político puede servir de excusa para glorificar crímenes contra la población.

La violencia no se vuelve admirable por la bandera que la acompaña, por el discurso con que se justifica o por la causa que sus responsables dicen defender.

Pero quienes hoy invocan la libertad cultural también deben responder por la coherencia de sus principios.

Si consideran inadmisible que una autoridad decida qué elementos pueden permanecer en un museo, deberían explicar por qué el derribo de monumentos por parte de una multitud merecía una indulgencia que ahora no conceden al Gobierno.

El patrimonio histórico no puede quedar a merced de una turba, pero tampoco debe ser utilizado como instrumento de propaganda por una administración.

La regla debe ser clara: ni la violencia callejera ni el poder político pueden sustituir el rigor histórico.

Ahora corresponde demostrar que los criterios aplicados a cada pieza responden a ese propósito y no a una selección ideológica indiscriminada.

El país tiene derecho a conocer qué se retiró, por qué se hizo y qué tratamiento recibirán esos elementos.

La transparencia es una obligación institucional, no una concesión a quienes protestan.

Colombia necesita dejar atrás una cultura política que concede indulgencias a la violencia cuando la ejercen quienes comparten determinadas ideas.

No hay justificación para convertir a los victimarios en ídolos ni para presentar sus crímenes como gestas.

Tampoco hay razón para esconder los hechos que permiten comprender nuestra historia.

Un país maduro es capaz de mirar de frente su pasado sin rendirle culto a quienes sembraron el terror.

Los museos están para preservar la historia, no para fabricar santos políticos. A los responsables de la violencia se les estudia, se les documenta y se les juzga históricamente por sus actos; no se les levanta un altar. Si Colombia quiere una memoria digna de sus víctimas, debe empezar por dejar de confundir el derecho a recordar con el supuesto derecho a glorificar a quienes las victimizaron.

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