Ministerio con apellido

En Colombia, cada nuevo escándalo en el Gobierno confirma que los ministerios se han degradado a simples cuotas políticas.

El caso de las hermanas Guerrero en el Ministerio de la Igualdad es la evidencia más reciente de cómo una cartera con un presupuesto multimillonario y un objetivo social trascendental puede ser reducida a un feudo personal manejado por personas sin la preparación, el conocimiento ni la visión que el cargo demanda.

Juliana Guerrero, de apenas 22 años, sin título universitario y con experiencia profesional mínima, ha ocupado múltiples cargos como jefatura de gabinete del Ministerio del Interior, secretaría ejecutiva del despacho presidencial y asesora del Ministerio del Interior.

Incluso ha tenido representación ante el Fondo de Igualdad, que maneja recursos superiores al billón de pesos, sin que su perfil académico o laboral respalde semejante responsabilidad.

Por su parte, Verónica Guerrero, también sin experiencia previa, fue designada como cabeza del empalme en el Ministerio de la Igualdad, atribuyéndose facultades sobre procesos de contratación, llegando incluso a suspenderlos antes de que el nuevo ministro asumiera oficialmente, como quedó registrado en un audio que se hizo público.

El Ministerio de Igualdad y Equidad, creado en 2023 para promover políticas de inclusión de mujeres, población étnica, comunidades LGBTIQ+, personas con discapacidad y otros grupos históricamente marginados, requiere liderazgo con conocimiento técnico, experiencia en gestión pública y una visión institucional sólida.

La irregularidad no termina ahí. Juliana Guerrero utilizó aviones oficiales de la Policía para desplazamientos que no correspondían a misiones institucionales, sino a maniobras políticas, como su intervención en órganos de gobierno de la Universidad Popular del Cesar.

Estos vuelos, cuyo costo superó los 126 millones de pesos, carecen de justificación técnica y evidencian un manejo patrimonialista de los recursos públicos.

El problema es estructural. Gustavo Petro ha priorizado la lealtad política sobre la idoneidad técnica, el amiguismo sobre el mérito y el cálculo electoral sobre el interés nacional.

Un ministerio no es un premio de campaña ni un espacio para pagar favores. Es una estructura compleja que exige liderazgo probado, conocimiento profundo del sector, capacidad de gestión y rigor técnico.

Dirigirlo implica planificar políticas públicas, ejecutar presupuestos millonarios, coordinar con múltiples entidades y responder por resultados medibles.

En el Ministerio de la Igualdad, la improvisación ha reemplazado la planeación. Un proyecto que nació con la promesa de reducir brechas históricas terminó atrapado en la lógica clientelista del Gobierno.

Las decisiones se toman con criterios políticos, no técnicos; los cargos se asignan por cercanía personal, no por competencias; y la visión de largo plazo brilla por su ausencia.

El costo lo pagan los sectores más vulnerables, que ven cómo los recursos que deberían mejorar sus vidas se diluyen en ineficiencia y manejos irregulares.

El patrón es claro. Desde el inicio de su mandato, Petro ha utilizado los ministerios como piezas de un ajedrez político, donde la prioridad es asegurar respaldo y blindar a su círculo cercano, no garantizar resultados para el país.

Esto ha generado una cadena de fracasos: programas mal diseñados, proyectos que no despegan, ejecución presupuestal deficiente y pérdida de credibilidad institucional.

Entregar ministerios a personas sin la experiencia ni la formación necesarias no es solo una mala práctica política es una forma de corrupción administrativa.

Significa comprometer la capacidad del Estado para cumplir su misión, desperdiciar recursos públicos y bloquear el desarrollo de políticas efectivas.

No es un asunto de percepciones; los indicadores de gestión y la ejecución presupuestal de varias carteras confirman la ineficiencia y el estancamiento.

El servicio público requiere de perfiles idóneos, con trayectoria, solvencia técnica y vocación de servicio.

Cuando la política se impone sobre la capacidad, el resultado es el deterioro institucional, el desperdicio de recursos y la profundización de los problemas que se pretendían resolver.

El caso del Ministerio de la Igualdad bajo el manejo de las hermanas Guerrero es coherente con la forma en que Petro gobierna, desprecio por la meritocracia, dependencia excesiva de su círculo cercano y resistencia a rodearse de profesionales que puedan cuestionar o aportar con independencia.

Esta forma de gobernar no construye país, destruye instituciones y deja a Colombia atrapada en un ciclo de improvisación, clientelismo y fracaso.

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