Se acabó la fracasada Paz Total de Gustavo Petro

Juan Felipe Murgueitio

El presidente Abelardo de la Espriella cerró, a finales de agosto, las mesas de diálogo que el Gobierno de Gustavo Petro sostenía con las disidencias de alias Calarcá, los Comandos de la Frontera y la ACSN, la estructura de Los Pachenca.

Yo respaldo esa decisión sin reservas.

Quiero ser claro sobre lo que está en juego. Esto no es una disputa ideológica ni un debate de matices políticos. Es un negocio criminal.

El narcotráfico, la extorsión y el control territorial generan dinero, poder y miedo. Ese negocio no se transforma porque alguien se siente a conversar.

El riesgo que nunca se quiso mirar de frente es que una tregua sin resultados termine dándoles tiempo a esas estructuras para reorganizarse y fortalecerse, mientras el país celebra fotografías y comunicados.

Las cifras hablan solas. Según la Fundación Ideas para la Paz, citada por la prensa, los grupos armados ilegales pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026: un crecimiento cercano al 90% durante la vigencia de la Paz Total.

Mientras tanto, en el Catatumbo el desplazamiento ha sido devastador: las cifras varían según la entidad —ACNUR y organismos humanitarios estiman alrededor de 100.000 personas afectadas—, y organizaciones de víctimas de la región reportan cifras aún mayores.

La magnitud, en cualquier caso, basta para entender la dimensión del fracaso.

No conocemos una propuesta seria de estos grupos para dejar las armas.

Lo que sí conocemos son sus métodos: narcotráfico, extorsión, reclutamiento, desplazamiento y control territorial.

No hace falta adornarlo con discursos: quienes viven de la ilegalidad no están construyendo la paz.

Por eso, cerrar esas mesas no es un capricho ni una salida fácil.

Es reconocer que la autoridad del Estado no puede quedar suspendida mientras se especula sobre la buena voluntad de quienes siguen sometiendo a la población.

Ahora viene lo más difícil: recuperar los territorios, perseguir las finanzas criminales, proteger a las víctimas y llevar ante la justicia a quienes persistan en el delito.

Desde Cali y el Valle esperamos algo concreto, no otro anuncio: menos extorsión, menos narcotráfico y presencia real del Estado en los territorios que el crimen organizado ha usado para crecer.

Por decisiones como esta respaldé a Abelardo. Ahora los ciudadanos nos exigirán que este cambio de rumbo se traduzca en resultados verificables, no en discursos.