El peligro del hostigamiento político

La tensión institucional en Colombia escaló tras el hostigamiento contra la senadora Nadia Blel, presidenta de la Comisión Séptima del Senado, en su residencia en Cartagena.

Seguidores del presidente Gustavo Petro acudieron a su vivienda el 3 de abril a protestar por el archivo de la reforma laboral, y lejos de rechazar este hecho, el mandatario lo justificó, señalando que la senadora “provocó” la situación.

Este episodio se conecta directamente con el discurso que Petro pronunció el pasado 18 de marzo en la Plaza de Bolívar, donde convocó al “pueblo” a sacar del Congreso a quienes no apoyen sus reformas.

Estas declaraciones fueron hechas luego de que la Comisión Séptima del Senado, presidida por Blel, hundiera el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno.

El mensaje del presidente es peligroso.

Petro, como jefe de Estado, tiene el deber constitucional de proteger a todos los actores políticos sin importar su filiación.

Los congresistas, como él, fueron elegidos por voto popular, y su rol no es obedecer ciegamente al gobierno, sino analizar, debatir y aprobar o rechazar proyectos según consideren que benefician o perjudican al país.

Llamar “enemigos del pueblo” a quienes no votan según sus deseos es un atentado contra la deliberación democrática.

La presión pública organizada por el Ejecutivo contra legisladores representa una forma de intimidación que no puede permitirse en una democracia.

¿Acaso le parecería justo al presidente que la oposición convoque plantones fuera de su casa privada, donde vive con su familia, para insultarlo por decisiones de gobierno? El respeto debe ser mutuo.

Petro sigue actuando más como agitador que como mandatario, y esa confusión de roles está llevando al país por un camino peligroso.

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