2025, camino a ser el peor año de la última década en cuanto a consecuencias humanitarias, según informe de la Cruz Roja

Durante el primer semestre de 2025, Colombia enfrentó un agravamiento sin precedentes en su situación humanitaria.

Así lo indica el más reciente balance del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, que advierte que este año podría cerrar como el peor de la última década.

El Valle del Cauca figura entre los departamentos más afectados por desplazamientos, confinamientos y otros impactos derivados del conflicto armado.

El informe del CICR reveló que más de 58.000 personas fueron desplazadas masivamente entre enero y mayo. El Valle del Cauca aparece entre las diez regiones con mayores cifras, acompañado por Cauca, Chocó, Antioquia y Norte de Santander.

Esta última fue la más golpeada, con casi 50.000 personas desplazadas. Sin embargo, en el suroccidente colombiano, el fenómeno sigue en expansión silenciosa.

Además del desplazamiento, el Valle del Cauca también reportó casos de confinamiento. Aunque la cifra no fue tan alta como en Chocó o Guaviare, el impacto en las comunidades afectadas fue significativo.

En estos casos, las personas quedaron atrapadas en sus territorios, sin acceso a servicios básicos como salud, educación o agua potable. Esta situación no solo afectó su bienestar inmediato, sino también su autonomía y organización comunitaria.

Otro punto crítico fue la violencia derivada del uso de artefactos explosivos. Entre enero y mayo, se reportaron 524 víctimas en todo el país, un aumento del 145 % frente al mismo periodo de 2024.

El 70 % de los afectados eran civiles, incluyendo 56 menores de edad. Cauca concentró más de la mitad de los casos, pero el Valle del Cauca también figura en la lista de departamentos con mayor afectación, especialmente por explosivos lanzados con drones o fabricados artesanalmente.

Restricciones al acceso humanitario

El CICR también documentó 136 casos de desapariciones vinculadas al conflicto. Aunque la mayoría se registró en departamentos como Arauca, Chocó y Guaviare, el fenómeno no es ajeno al Valle del Cauca, donde el reclutamiento forzado y la utilización de menores persisten como problemáticas invisibilizadas.

Esta práctica representa una grave violación del derecho internacional humanitario y tiene consecuencias duraderas en el entorno familiar y comunitario.

En paralelo, se reportaron 101 actos violentos contra servicios de salud. Norte de Santander, Antioquia y Chocó concentraron más de la mitad de los ataques, pero el Valle del Cauca también registró restricciones, amenazas y limitaciones al personal médico, especialmente en zonas rurales donde el conflicto armado persiste.

El hacinamiento en centros de detención continúa siendo una preocupación nacional. Mientras las cárceles del INPEC tienen un sobrecupo del 28 %, las estaciones de policía alcanzan el 122 %.

Estas condiciones afectan la dignidad, salud y alimentación de los detenidos, un problema que también se evidencia en ciudades como Cali y municipios cercanos.

Finalmente, el informe advierte que las organizaciones humanitarias enfrentan cada vez más obstáculos para operar. Las restricciones impuestas por grupos armados, junto con la disminución de recursos, han limitado el acceso a comunidades que requieren ayuda urgente.

Esta situación afecta tanto a departamentos históricamente golpeados como a otros donde el conflicto ha recrudecido, incluyendo al Valle del Cauca.

El CICR concluye que el respeto al derecho internacional humanitario es esencial para proteger a las personas afectadas por los conflictos. Ignorar sus principios solo profundiza el sufrimiento y debilita aún más el tejido social de las comunidades.

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