Un año de crisis: el desgobierno de Petro mes a mes

El 2024 se está cerrando con una serie de eventos que han dejado al gobierno de Gustavo Petro en una posición compleja, marcada por escándalos de corrupción, decisiones polémicas y retrocesos en temas clave para el país.

Un balance de este año parece reflejar un mandato lleno de contradicciones y promesas incumplidas, además de escándalos que han empañado la gestión presidencial.

En enero, se confirmó una de las primeras grandes derrotas de la administración Petro: la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027, un evento de relevancia internacional para Colombia, que iba a realizarse en Barranquilla.

La razón de esta pérdida fue la falta de pago de los recursos necesarios por parte del gobierno, a pesar de que los fondos estaban disponibles.

Esta falta de previsión evidenció una ineficiencia administrativa que ha sido común durante el mandato de Petro.

En febrero, el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) estalló con una magnitud que dejó boquiabierto al país.

El desfalco de más de 380.000 millones de pesos, relacionado con contratos fraudulentos y pagos ilícitos, fue denunciado por figuras como Olmedo López y Sneider Pinilla.

En marzo, el gobierno de Petro mostró su cara más autoritaria al proponer la convocatoria a una asamblea constituyente, una jugada que muchos interpretaron como un intento de perpetuarse en el poder.

Esta propuesta se sustentó en una agenda de reformas políticas y económicas que buscaban transformar el sistema judicial y avanzar en la implementación de los acuerdos con las FARC, todo ello en el marco de una visión que muchos consideran radical.

A partir de abril, los escándalos familiares volvieron a centrar la atención.

El Departamento de Estado de EE. UU. mencionó al hijo del presidente, Nicolás Petro, en su informe sobre corrupción, sumando más leña al fuego en un año ya problemático para el mandatario.

A su vez, Gustavo Petro continuó favoreciendo a grupos criminales, como el ELN y la Segunda Marquetalia, otorgándoles estatus político mientras desoía las recomendaciones de seguridad de la comunidad internacional.

En mayo, una de las decisiones más controversiales fue el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel, un aliado estratégico de Colombia.

Este rompimiento fue impulsado por las opiniones personales de Petro sobre el conflicto en Medio Oriente y su polémica comparación entre Israel y el campo de concentración de Auschwitz, un comentario que generó indignación tanto a nivel nacional como internacional.

A lo largo del año, los nombramientos de figuras cercanas a Petro continuaron siendo polémicos.

En junio, la exministra de Minas Irene Vélez fue nombrada cónsul en Londres, mientras que Sebastián Guanumen, consultor de confianza del presidente, asumió como embajador en Chile.

Estos nombramientos fueron percibidos como parte de una estrategia para consolidar un círculo cercano de aliados leales a Petro, a menudo en detrimento de la eficiencia y la ética pública.

En el ámbito de la política interna, la presión contra la libertad de prensa se intensificó.

En agosto, Petro atacó a periodistas críticos del gobierno, llamándolas “muñecas de la mafia”.

Este ataque no solo fue misógino, sino que también representó un grave atentado contra la libertad de expresión, un derecho fundamental en cualquier democracia.

En septiembre, el gobierno mostró una vez más su enfoque contradictorio al anunciar que la política energética de Colombia se orientaría a la reducción del consumo de gas natural, lo que ha generado preocupaciones sobre el futuro energético del país.

El freno a la exploración de hidrocarburos y la posterior importación de gas evidencian un retroceso en la independencia energética que el país había logrado en décadas anteriores.

El panorama en octubre continuó deteriorándose con la revelación de un pliego de cargos contra Petro y su campaña presidencial por violar los topes de gasto electoral, una situación que subraya las irregularidades en la gestión de su administración.

Al mismo tiempo, el gobierno ha sido muy indulgente con los grupos criminales, brindándoles facilidades para continuar sus actividades ilícitas mientras dejaba a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional desprotegidas.

En noviembre, otro golpe a la administración se dio cuando Diego Cancino, un hombre de confianza de Petro, fue denunciado por acoso sexual.

Esto se sumó a otros escándalos dentro de su círculo cercano, como los casos de Hollman Norris y Alex Flores.

Estos hechos no solo hablan de la falta de control interno, sino también de una cultura de impunidad que parece permear las altas esferas del poder.

Finalmente, en diciembre, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, renunció tras las acusaciones de corrupción relacionadas con el escándalo de la UNGRD, y el nombramiento de Daniel Mendoza como embajador en Tailandia suscitó críticas por sus comentarios misóginos en redes sociales.

Este último episodio cerró un año en el que las controversias y las crisis internas marcaron el pulso del gobierno de Petro.

En resumen, el 2024 de Gustavo Petro se caracterizó por una serie de decisiones erráticas, escándalos de corrupción, ataques a la prensa y una cada vez más evidente desconexión con las necesidades de los colombianos.

Su gestión parece haberse centrado más en la consolidación de poder y en una agenda ideológica que en la mejora efectiva del bienestar del país.

El balance del año deja claro que Colombia enfrenta no solo desafíos económicos y sociales, sino también una profunda crisis de liderazgo.

Lamentablemente los escándalos en este gobierno ya se naturalizaron, cada día parecen más normales.

Expectativas muy bajas para el 2025 en materia económica, de liderazgo y ejecución, vienen las elecciones del 2026 y Gustavo Petro seguirá en campaña así su imagen esté devastada, buscará camaleones y donde camuflarse.

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